Especialista propone educación pública desde los 2 años

Legislativa 12/10/2016
Daniel Herrendorf, especialista en Derechos Humanos, disertó en la Confederación de Parlamentarios de las Américas. Propuso que la educación pública reciba a niños desde los dos años y velar no solamente por su educación, sino también por su cuidado sanitario y alimenticio.
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Herrendorf especialista en DDHH

Este es una de los tantos planteos redactados en el Código de Derechos Humanos a nivel mundial, consistente en ocho tomos que incluyen un recopilación de tratados y normativas vigentes internacionalmente, y que se encuentra en etapa de presentación en diferente países del continente con el objetivo de ser aprobado por las Legislaturas nacionales y se ponga en vigencia.

Herrendorf sostiene esa postura acerca de los establecimientos educativos, teniendo como base el dato que solo el 10 por ciento de la población mundial accede a educación, salud y alimentos en forma adecuada.

Durante su exposición señaló que la clave para asegurar los Derechos Humanos radica en la Justicia, ya que la normativa local es la que rige efectivamente y no los tratados internacionales.

“Con los tratados Internacionales de DDHH corremos el riesgo de vivir en una ficción, ya que son muy aceptados y firmados por los países, pero no son de aplicación efectiva”, señaló el académico al justificar la necesidad de que cada distrito cuente con un Código al respecto.

También destacó como necesario el dotar de mayor autonomía a los gobiernos municipales, por considerar que son la primera instancia y la más directa de resolución y distribución: “Allí es donde está la vida”, expresó.

Herrendorf fue coautor del Código junto a personalidades tales como los ex jueces de Corte, Carlos Fayt y Eugenio Zaffaroni. Además preside el capítulo para las Américas del Instituto Internacional de Derechos Humanos, además de haber asesorados a gobiernos latinoamericanos y organismos internacionales.

En dicho Código se plantea también la abolición de los ejércitos, un resarcimiento por parte del Estado a las víctimas de delitos, una renta universal y equidad de género en todos los poderes estatales, entre otras cosas.

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