El procurador del Tesoro ordenó investigar el acuerdo con el grupo Macri

Nacional 14/02/2017
Carlos Balbín ordenó que se lleve adelante un sumario administrativo y una auditoría para esclarecer cómo se llegó al arreglo.

El procurador General del Tesoro, Carlos Balbín, ordenó un sumario administrativo y una auditoria para esclarecer cómo fue que se llegó a un acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino, en el marco del concurso preventivo de la empresa, que fue rechazado por "abusivo" por parte de la fiscal de Cámara del fuero comercial, Gabriela Boquin.

Según la resolución, la Procuración se pronunció a raíz del dictamen que firmó el viernes pasado el fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, para evaluar la falta de competencia que tuvieron los funcionarios públicos del Ministerio de Comunicaciones que avalaron el convenio y la posible violación a la ley de Ética Publica.

"Las razones expuestas ameritan la realización de una auditoria desde el inicio del proceso judicial, conforme a lo solicitado por la Procuraduría", dispuso Balbín.

En ese marco, la Procuración firmó la resolución en donde instruyó sumario administrativo destinado a esclarecer los hechos denunciados en relación a los autos Correo Argentino sobre Concurso Preventivo y establecer las posibles responsabilidades administrativas que pudieran corresponder y recomendar, en su caso, las medidas y sanciones que resulten pertinentes".

 Asimismo, se encomendó a la División Nacional de Auditoria de la Procuración la realización o de una auditoria para evaluar la actuación de los representantes del Estado Nacional.

Ademas de pedir la intervención de los abogados del Estado, el fiscal Rodriguez también impulsó una denuncia penal en base a la maniobra descripta por la fiscal General Gabriela Boquin en su apelación a la Camara Comercial, que -a su entender- podría configurar un intento de defraudación por administración infiel por parte de los funcionarios públicos intervinientes, porque a su criterio se "convalidaría un perjuicio patrimonial multimillonario".Rodriguez también sostuvo que deberá ser analizada bajo la posible comisión del delito de "tráfico de influencias" y posibles "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública".

Fuente: La Nación

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