El Gobierno Nacional quiere poner un freno al consumo excesivo de agua

Nacional 17/02/2017
Algunos datos estadísticos señalan que en cada casa se consumen cerca de mil litros diarios.
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ejar abierta la canilla mientras nos lavamos las manos o los platos, o bien dejar que goteen en vez de reparalas, son algunas costumbres que varios argentinos poseen y que deberían ser cambiadas, si es que no quieren pagarlas caro.

La tarifa plana es la que predomina actualmente y no hay una sanción establecida para los derroches. Sin embargo este sistema tiene los días contados, ya que el ambicioso plan que el Gobierno puso en marcha empezará a reducir los niveles de consumo de agua que se consideran “irracionales”, por estar entre los más altos del mundo.

Estadísticas que maneja la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación revelan que, en Capital y el Gran Buenos Aires, cada usuario gasta un promedio de 336 litros de agua al día. Esto supera el promedio nacional (que es de 317 litros) y representa casi el doble de lo consumido en Uruguay (158), Chile (168) y Brasil (164). Además, la marca local prácticamente triplica los registros de países como México (92), Colombia (113) y Perú (122).

En AySA, la prestadora del servicio, miden a su vez que el consumo promedio de los hogares de su área de cobertura oscila entre los 58 y 64 metros cúbicos por bimestre. O sea, cerca de 1.000 litros diarios por vivienda. Consumos que tienden a elevarse en las casas, en las superficies más grandes y en los municipios de Zona Norte.

Los promedios impresionan si se considera que los usos cotidianos más comunes son tirar la cadena (16 litros), lavar los platos (30 litros), ducharse (100 litros) o usar el lavarropas (100 litros). El problema, señalan, es que también se gasta demasiado en acciones como lavar autos, llenar piletas, "baldear" y regar, al tiempo que no se reparan incontables pérdidas y goteras, informa Clarín.

"En el Área Metropolitana hay un consumo de agua excesivo, muy superior al de otras grandes ciudades del mundo y en muchos casos fuertemente irracional, producto de varias décadas en las que no se incentivó el ahorro", dijo Pablo Bereciartua, subsecretario de Recursos Hídricos.

Y señaló como principal causa que hoy el 88% de los usuarios no tienen medidor: lo que pagan se define según la superficie del inmueble, la zona y otros factores, pero no según el uso. Con lo cual, la boleta es siempre igual, sin importar si ahorran o derrochan, si gastan 20 gotas o 20.000 litros.

"En estas condiciones -añadió el funcionario-, el sistema se volvió muy costoso y el Presidente en persona nos pidió ir a un consumo más racional, que nos permita extender el servicio a cinco millones de usuarios más". Esa intención que se plasmó un megaplán ya en marcha para instalar medidores y "generalizar" esa forma de cobro, por la que se paga un cargo fijo y uno variable según la cantidad de litros consumidos.

Como primer paso, el mes pasado, Recursos Hídricos aprobó un proyecto de AySA que prevé cambiar de régimen, en forma gratuita y obligatoria, al 100% de los usuarios no residenciales (como comercios y oficinas) en sólo tres años, según un cronograma de obras definido por la empresa.

Para los hogares, en tanto, el plan aprobado ya preveía cuadruplicar el ritmo de instalaciones este año: más de 2.000 nuevos medidores, contra los 500 que se venían sumando. Pero el Gobierno, el mes pasado, le ordenó a AySA que antes de junio reformule ese capítulo con metas más ambiciosas.

“Se están terminando de definir las tecnologías de medición y el cronograma, pero la idea es que al menos un 50% de los clientes actuales pasen a tener medidor dentro de 4 a 6 años", adelantó Bereciartua. Son casi un millón y medio de usuarios familiares que se sumarían a los 313.600 usuarios que actualmente tienen el servicio medido, de los cuales el 88% viven en casas.

Para los hogares el cambio será optativo. Apuntan a que primero lo pidan los clientes con casas grandes y muy bajo consumo, que hoy pagan facturas pesadas y se sienten perjudicados por la tarifa plana. En edificios, en tanto, habrá un solo medidor y al consorcio le llegará una sola factura que deberá repartirse entre los copropietarios. En todos los casos, los equipos se instalarán gratis durante los dos primeros años.

La otra pata del plan, señalan en el Gobierno, será cambiar "a fines de este año" el actual sistema tarifario "para que el sistema medido realmente premie al que hace un uso racional, algo que hoy no sucede".

"La extensión de la medición permite que haya un control de las pérdidas internas de los inmuebles", destacaron en AySA. "Le permite al usuario -añadieron- controlar el gasto del servicio y a la empresa le facilita la proyección de las nuevas obras, al poder considerar una demanda ajustada".

Con el cambio, apuntan a que se comience a cuidar más el recurso, al menos en los niveles más moderados que hace rato se registran en el interior. En Córdoba, la segunda ciudad más poblada del país, el consumo diario por habitante es 20% menor.

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