La Corte de Justicia ordenó reincorporar a una radióloga a su trabajo

Justicia 08 de agosto
Sin aviso a la mujer le revocaron un decreto que establecía su estabilidad laboral. Ahora deberán reincorporarla en el hospital de Rosario de Lerma.
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La Corte de Justicia de Salta hizo lugar a un recurso de apelación y revocó una sentencia ordenando la reincorporación de M.A.G. en el cargo de técnica radióloga en el Hospital “Dr. Joaquín Corbalán” de Rosario de Lerma.

La mujer había sido designada por Decreto 1481/98 como personal temporario en el hospital. Aquella designación fue sucesivamente prorrogada desde 1998, mientras que en 2005 fue designada por concurso en planta permanente con carácter provisorio por tres meses hasta el cumplimiento de lo establecido en el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores de la Salud oportunidad en que la designación se transformaría en definitiva. El 3 de octubre de 2006 fue confirmada en planta permanente pero luego, el 17 de octubre del mismo año se dejó sin efecto aquella designación.

Los jueces de la Corte de Justicia advirtieron la existencia de una contradicción en la que incurrió la administración en la situación laboral de M.A.G. pues con los mismos elementos decidió primero confirmar su condición de empleada de planta permanente y posteriormente lo contrario.

El acto por el cual fue designada “se encontraba firme y consentido y había generado a partir de su notificación derechos subjetivos a favor del administrado que se estaban cumpliendo. A su vez y como se dijo, no se encuentra acreditado un “vicio evidente”.

El Ministerio no se encontraba habilitado para revocar en sede administrativa la Resolución 385D/06, como lo hizo mediante el Decreto 2582/06 y la Resolución 450D/06, pues de la primera se habían derivado derechos subjetivos a favor de la actora”, sostuvieron.

Y agregaron que “frente a la existencia de un acto firme y consentido, que ha alcanzado el carácter de cosa juzgada administrativa y ha generado derechos subjetivos para terceros como lo es la resolución que confirmó en planta permanente a la apelante, la administración, si pretendía por cualquier motivo revocarlo, lo debería haber declarado lesivo en sede administrativa   –corriendo vista al particular para la defensa de la validez del acto y respetando el debido procedimiento– o bien recurrir a la justicia mediante la acción de lesividad.”

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