Uno de los "bromistas", que hacía falsas denuncias por bombas, es hijo de un policía

Policiales 12 de octubre
Uno de los responsables es un joven de apellido Ibáñez, hijo de un miembro de la fuerza de seguridad salteña. En Buenos Aires estudian imponer multas a los padres por $50.000 por este tipo de falsa alarma. ¿Y en Salta?
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En ocasiones, los padres no son directamente responsables de las travesuras e irresponsabilidades que cometen miembros directos de su familia, pero deben hacerse cargo.

En la jornada de ayer, Salta se vio sorprendida por cuatro llamados que alertaban la existencia de explosivos en tres establecimientos educativos y en la terminal de ómnibus. 

El hecho conmocionó y causó un revuelo mayúsculo entre centenares de padres que veían amenazada la seguridad de sus hijos, y el miedo se volvió generalizado, sumado a un enorme despliegue de fuerzas de seguridad y efectivos que buscaban constatar la veracidad de los hechos.

Finalmente, se detuvo a tres jóvenes que son los responsables de las falsas denuncias. Los “traviesos” e irresponsables en cuestión tienen 17, 18 y 19 años.

Según pudo averiguar el programa DNI, uno de los dos sujetos sindicados como mayor de edad, es hijo de un efectivo de la Policía de apellido Ibáñez. Es estudiante del colegio ex Nacional, y fue retirado ayer del establecimiento junto a un compañero esposado.



Multas y penas de prisión por las amenazas de bomba 

La Legislatura porteña, en tanto, evalúa un proyecto que prevé hasta 30 días de prisión para los responsables de amenazas telefónicas en los colegios. Y pide que se apliquen a los padres si la amenaza la hizo un menor.

El proyecto del senador Andrés De Leo (Cambiemos), propone incorporar como artículo 74º tercero al Código de Faltas, un texto que prevé arresto de cinco (5) a treinta (30) días o multa de entre el cincuenta (50%) y el cien (100%) por ciento del haber mensual del Oficial Subayudante del Agrupamiento Comando de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a la persona que intentare o impidiere, valiéndose de correo postal, teléfono, correo electrónico, Internet, sitios web y redes sociales virtuales, obstaculizar el normal funcionamiento de un establecimiento educativo de gestión pública o privada. 

La iniciativa del senador bahiense señala que cuando la falta sea cometida por un menor, serán los padres, tutores, curadores y guardadores los sancionados.

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