Fiscales reclaman al Estado fondos y la aplicación nacional de la desfederalización de drogas

Justicia 13 de noviembre
El reclamo se apoya en la aplicación de la ley Ley 26.052
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Los Consejos Federales de Procuradores, Fiscales Generales, Defensores y Asesores Generales y de Política Criminal de la República Argentina, encabezados por Pablo López Viñals, procurador de Salta, y Mario Bongianino, de La Pampa, reclamaron una mesa de diálogo para que se defina la aplicación de fondos y la desfederalización de drogas, resolviendo la remisión del aporte económico a las provincias adheridas, según lo establece la Ley. Informó Nuevo Diario.

Los titulares de los dos organismos que nuclean a los Fiscales y Procuradores Generales de todo el país, “peticionan al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Germán Garavano,  que convoque, con la urgencia que la cuestión demanda una mesa de diálogo en la que participen autoridades de la Justicia y de los Poderes Ejecutivos de las Provincias y de Ciudad Autónoma, con el objeto de definir el aporte económico que la Ley 26.052 -de manera expresa- establece que debe asignarse a las provincias adheridas al denominado sistema de desfederalización”.

Los fiscales y procuradores dejaron en claro que la remisión de fondos a las provincias “es el factor crucial que al día de la fecha viene impidiendo la generalización de una política de persecución integral contra la narcocriminalidad con participación de todos los órdenes judiciales que  es la única que logrará poner límites a un problema cuya solución la sociedad demanda que se aborde con decisión y con respuestas contundentes”.

Ambos organismos incrementaron la intensidad de un reclamo que no es nuevo, pues en otros comunicados ya plantearon al Estado Nacional una definición sobre el modelo de desfederalización de drogas. La propuesta de conformar una mesa de diálogo, en tanto, evidencia a las claras el reclamo de provisión de fondos, o sea que se cumpla lo establecido por ley, para garantizar el normal funcionamiento de este modelo.

La declaración se firmó al finalizar las jornadas de Narcocriminalidad que ambos organismos realizaron entre el 9 y 10 de noviembre pasado en Córdoba, oportunidad en la que estuvieron presentes no sólo fiscales y procuradores de todo el país, sino también funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Para los fiscales y procuradores  “es indispensable” que la aplicación de la desfederalización se aplique “como política de Estado en todo el país”. Y así, “se adopte la ya largamente postergada decisión de aprovechar la fortaleza de los ministerios públicos fiscales de las provincias para la persecución del narcomenudeo”.

Sin embaro, señalaron que “la ley que regula la materia debe ser objeto de revisión para posibilitar una actuación conjunta de las organizaciones federales y provinciales más adecuada. Esta afirmación se formula en el convencimiento de que es posible que ambas órdenes ejecuten actividades coordinadas y efectivas, como ocurre en experiencias de otros países como los Estados Unidos de Norteamérica, donde se han adoptado modelos de intervención convergente más flexibles que el vigente en nuestro ámbito”.

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