Senado: desafuero K sin votos tras veredicto PJ

Política 08 de diciembre
El jefe del bloque Justicialista, Miguel Pichetto -bancada clave para los dos tercios que necesita la iniciativa- dejó en claro que el pedido judicial comenzará a discutirse a fines de febrero próximo, con la conformación de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Cristina - desafuero
Cristina Fernández de Kirchner. - Foto: Ámbito Financiero

Ámbito Financiero/ El jefe de la bancada justicialista en el Senado y delegado premium de gobernadores peronistas, Miguel Pichetto, descartó la viabilidad del desafuero de Cristina de Kirchner solicitado ayer por el juez Claudio Bonadio, en el marco de la causa por el supuesto encubrimiento a iraníes investigados en la causa AMIA.

Pichetto está a cargo del flamante interbloque "Argentina Federal", que fue conformado anteayer con 25 legisladores. Ese espacio será, desde el 10-D, la "llave mágica" no sólo para la aprobación de proyectos, sino también, para este caso en particular, la palanca para evitar los dos tercios que necesita la iniciativa según la ley de fueros sancionada en 2.000 y el artículo 70 de la Constitución (48 votos, en caso de estar todos los senadores presentes en el recinto), en una cámara en la que cohabitan 72 senadores.

"Sigo sosteniendo el principio jurídico que sostuve con anterioridad: el desafuero procede ante la evidencia concreta de una sentencia firme, como la ha señalado la Corte Suprema y la Cámara Federal en el caso Menem -expediente de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador cuando el riojano fue presidente- para resolver la posibilidad de que fuera candidato", señaló Pichetto ante los periodistas acreditados en el Senado.

Junto al experimentado salteño Rodolfo Urtubey, el jefe del PJ dejó claro que "no hay posibilidad de que el Senado se aboque a este tema porque no está en sesiones ordinarias". Es decir que, para el principal bloque opositor en esa Cámara, el Ejecutivo debería incluir el tema en la convocatoria a extraordinarias -no lo hizo, según pudo saber este diario- que saldrá en las próximas horas, tras varias vueltas dadas por Casa Rosada.

Sin embargo, la necesidad o no de enganchar el tratamiento del desafuero es debatible, ya que la iniciativa en cuestión es un problema que involucra a los poderes Legislativo y Judicial, no al Ejecutivo. Desde un sector del oficialismo apuntaron en ese caso al artículo 95 del reglamento, que expresa que "durante el receso", las comisiones "pueden reunirse y estudiar los asuntos de su competencia, pero sólo dictaminar" sobre "cuestiones internas del Senado". 

Para Pichetto, esa discusión es una "cuestión de debate secundario" y que la exjefa de Estado "ha estado a derecho y cumpliendo con todas las requisitorias judiciales". En tándem con el rionegrino, Urtubey agregó que "la ley de fueros permite que se lleve a cabo toda la investigación, la elevación a juicio y una eventual condena", y que la prisión preventiva "es una medida excepcional".

Media hora después de las declaraciones de Pichetto y Urtubey, Cristina de Kirchner dio un discurso en el bloque FpV de Diputados. Una de las cuatro preguntas que se permitieron realizar fue sobre lo que pensaba de los peronistas en el Senado, que anteayer rebanaron al camporismo y los separaron del bloque que ahora se llama sólo "Justicialista".

"Más importante que medir la actitud frente a pedidos de desafuero, lo que voy a solicitar a todos los compañeros y compañeras que integran el peronismo, y también a los que no forman parte de él pero creen que la variable de ajuste no pueden ser trabajadores ni jubilados, es que se pronuncien defendiendo esto. Lo demás es una cuestión menor". En el olvido quedó la decisión de la expresidente, años atrás, de vetar el 82% móvil.

Cristina de Kirchner fue más allá e incluso se olvidó de sus senadores y senadoras. "Se ha podido ver en la última votación de reforma previsional (...) pudieron aprobarla cómodamente porque no había ninguna voz que dijera nada", pese a las férreos rechazos en el recinto de, por caso, las camporistas Virginia García (Santa Cruz) y Anabel Fernández Sagasti (Mendoza). Más curioso aún es que el consenso fiscal, que involucra entre otras cosas el cambio de la fórmula de actualización jubilatoria, fue firmado y celebrado por la gobernadora Alicia Kirchner.

De no mediar giros drásticos del panorama pincelado ayer, el pedido de desafuero -que ya ingresó al Senado- será tratado recién a partir de finales de febrero o principios de marzo, una vez que se concrete la repartija de comisiones, ya que para el "hot summer" parlamentario extraordinario que habrá hasta fin de año sólo se constituirán las de Presupuesto y Hacienda (por la ley de gastos, la reforma tributaria y el revalúo impositivo) y la de Economía (por el proyecto de Mercado de Capitales). 

La ley establece que una solicitud de desafuero "deberá ser girada de manera inmediata a la Comisión de Asuntos Constitucionales (...) que deberá emitir dictamen en un plazo de 60 días", y que el recinto deberá votar dentro de los 180 días desde su ingreso a la Cámara. "Para la comisión de Presupuesto corresponde que la tenga alguien del oficialismo, que será -Esteban Bullrich- quien se encargue ahora de ser el miembro informante de todos los proyectos económicos que habrá que votar hasta fin de año y quien organice el debate. Después, vamos a pelear todas las comisiones, una por una", disparó un operador top del PJ a Ámbito Financiero. 

Cambiemos tendrá un interbloque de 25 legisladores, al igual que "Argentina Federal", que aún negocia con dos misioneros y dos santiagueños -los últimos, más reacios- para quedar como primera minoría y quedarse con presidencias clave como Asuntos Constitucionales, Trabajo y Legislación General.

Ayer, el PJ nacional que comanda el diputado K José Luis Gioja aseveró que "no puede ni va a permanecer en silencio ante semejante atropello judicial y mediático, que sólo busca profundizar el clima de revancha social". En tanto, desde el interbloque de Cambiemos en el Senado manifestaron que analizarán "el pedido del juez", que "bajo ningún aspecto" ese espacio será "un obstáculo para la Justicia", y que darán "una respuesta institucional, no partidista".

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