Buscan reactivar acusaciones contra Oyarbide para destituirlo del cargo

Gobierno 24 de abril de 2014
Se trata de una serie de conductas sobre las cuales el Senado no se pronunció en el juicio político al magistrado en 2001. El Consejo de la Magistratura decidía si elevaba el pedido a jury.

El polémico y protegido juez federal Norberto Oyarbide podría estar a punto de afrontar un nuevo juicio político si llega al Tribunal de Enjuiciamiento un pedido impulsado por los consejeros Mario Cimadevilla y Oscar Aguad.

Es que ambos recibieron una denuncia presentada por César Arias, ex presidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, en la que expone que en el juicio político al magistrado en 2001, el Senado no se pronunció sobre seis “conductas encuadrables en delitos o crímenes comunes”.

“A Oyarbide se lo había denunciado por siete cargos, uno era mal desempeño y otras seis distintas conductas que se tipificaban en algún artículo del Código Penal, explicó a Clarín Cimadevilla, consejero y senador radical.

“En aquel momento, la Cámara de Diputados decidió elevar a juicio a Oyarbide y el Senado lo absolvió, pero de uno sólo de los cargos. Hoy, lo que antes hacía la Cámara Baja y el Senado lo hacen el Consejo de la Magistratura y el Tribunal de Enjuiciamiento”, siguió.

“Esta acusación ya está hecha en su momento en la Cámara de Diputados, entonces, ahora elevémoslo directamente a jury”, explicó el funcionario. Y siguió: “El plenario debe decidir si acepta la acusación, pero debería aceptarla sí o sí porque ya está resuelta la elevación: la decidió en su momento la Cámara de Diputados”.

Por último, el consejero explicó que este pedido tiene, más allá de los alcances jurídicos que pueda lograr, “una importancia desde el punto de vista político”. “Pone en evidencia al oficialismo, a ver si quiere juzgarlo realmente, o quiere seguir protegiéndolo”, concluyó.

El Consejo trataría esta tarde en plenario el pedido, y para que pase a jury se necesitan dos tercios, que son los que posee el bloque oficialista. Las seis denuncias que quedaron pendientes son:

1) Violación del Reglamento de la Justicia Nacional al concurrir asiduamente al local Spartacus, comprometiendo la dignidad de su investidura

2) Omisión de denunciar el delito de promoción y facilitación de la prostitución

3) No haber denunciado el tráfico de influencias que, en su nombre, se efectuaron para obtener distintos beneficios

4) La extrema vulnerabilidad de la situación en que se encontraba, que permitió ser víctima del delito de extorsión

5) El enriquecimiento ilícito por sobrepasar, en exceso, los gastos en relación a los ingresos percibidos

6) Haber incurrido en presunto delito de amenazas en el restaurante a donde concurría.

Fuente: Diario ClarĂ­n

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