Los jueces creen que Boudou se apropió de Ciccone para hacer negocios con el Estado

La extensa resolución de la Sala I de la Cámara Federal porteña firmada ayer se resume en 28 palabras: "Confirmar el procesamiento sin prisión preventiva de Amado Boudou como autor del delito de cohecho pasivo en concurso ideal con el de negociaciones incompatibles con la función pública". En lenguaje coloquial, los jueces establecieron que el ex ministro de Economía, luego electo vicepresidente de la Nación, se quedó con la máquina de hacer billetes.

Tres camaristas federales respaldaron lo que había decidido el juez federal Ariel Lijo en junio pasado cuando procesó al vicepresidente Amado Boudou por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública por haberse quedado con la imprenta de papel moneda Ciccone Calcográfica.

Eduardo Freiler y Jorge Luis Ballestero votaron en conjunto, mientras que Eduardo Farah coincidió con buena parte de lo escrito por sus colegas pero hizo un voto en disidencia parcial. Para los tres Boudou se apropió del 70% de las acciones de Ciccone Calcográfica. Lo hizo con la colaboración de su amigo y socio José María Núñez Carmona y del empleado de ambos Alejandro Vandenbroele. Fue Nicolás Ciccone -también con procesamiento confirmado- uno de los ex dueños de la imprenta de papel de seguridad quien les dio las acciones para tratar de salvar la compañía que estaba quebrada.

Entre los procesados por negociaciones incompatibles con la función pública se hallan Guido Forcieri, hombre de confianza de Boudou y Rafael Resnick Brenner hombre de confianza de Ricardo Echegaray el director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Los camaristas Ballestero y Freiler le dijeron al juez Lijo que debe profundizar la investigación en varios aspectos, uno de ellos es lo sucedido en la AFIP respecto del Caso Ciccone y el trámite de su quiebra. Farah, en minoría pidió que Echegaray fuera indagado. Por el voto de la mayoría, Guillermo Reinwick, yerno de Ciccone, fue favorecido con una falta de mérito. Farah en cambio estableció que debía confirmarse el procesamiento que le había dictado Lijo.

Los tres jueces coincidieron en que Lijo debe investigar el modo en que se abrió la cuenta bancaria de la empresa The Old Fund (utilizada por Boudou y sus testaferros para quedarse con Ciccone) y cómo se financió la operación de salvataje de la imprenta. También la Cámara determinó que Lijo tiene que llamar a indagatoria a otros protagonistas del caso Ciccone entre los que están Pablo Amato, Máximo Lanusse, Jorge Capirone y Gustavo Martínez. Señalaron los jueces que Olga y Silvia Ciccone deben ser consideradas imputadas en la causa. Hasta ahora fueron testigos. Se debe profundizar la investigación sobre la actuación de las autoridades de Casa de Moneda y de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que actuaron en distintas etapas del Caso Ciccone.

Los jueces también determinaron que sea Lijo quien debe tramitar una causa en la que se investiga si el socio de Boudou, Núñez Carmona, amenazó a Reinwick para que se hiciera cargo de la operación de compra de la empresa Ciccone. Y también será Lijo, según se desprende del fallo, quien investigue otro caso donde Boudou está sospechado. Debe pasar desde el juzgado de Sebastián Casanello al de Lijo el caso donde se investiga el cobro de una comisión de más de 7 millones de pesos que la provincia de Formosa le pagó a la firma The Old Fund. Esa consultora -que para los jueces es de Boudou y sus allegados- cobró por "asesorar" al gobierno de Gildo Insfrán en su renegociación de la deuda con el ministerio de Economía. Mientras Boudou era ministro de Economía. Parte de esa comisión cobrada por una empresa que no tenía ninguna experiencia ni actividad comercial conocida, fue derivada a una firma vinculada a un hombre cercano a Insfrán.

El caso Ciccone estalló en el verano de 2012. Para intentar defender a Boudou el kirchnerismo logró apartar al juez original de la causa Daniel Rafecas y a Carlos Rívolo, el fiscal que había pedido el allanamiento del departamento que el vice tiene en Puerto Madero. También fue echado el entonces Procurador General Esteban Righi, quien fue acusado por Boudou de tráfico de influencia. Nada se pudo comprobar.

Tres años después de aquel estallido queda confirmado el procesamiento del Vicepresidente de la Nación. Boudou se dirige hacia un juicio oral y público. Tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados porque se lo señala como responsable de dos delitos cometidos mientras era ministro de Economía. Se quedó con parte de la imprenta Ciccone. Y luego esa empresa fue contratada por Casa de Moneda -que dependía de él- para imprimir billetes. Un negocio redondo. Que fue puesto al descubierto.

Fuente: Infobae.com