Crisis en el sector tabacalero: La presión tributaria amenaza el empleo y fomenta el contrabando

A partir del 1º de mayo, los impuestos que pesan sobre la venta de cigarrillos alcanzan el 80% del precio que paga el consumidor, cuando antes ese total era de casi el 70% del valor de venta del producto.

Los referentes del sindicato avizoran “una secuencia de deterioro sin solución de continuidad” en el caso de no mediar decisiones del Gobierno. “Hay puestos de trabajo en extremo riesgo”, subrayan. Y explican que toda la actividad vinculada al tabaco da sustento a 1.000.000 de personas, comenzando por los colonos que siembran las plantas hasta los kioscos. Se trata de un mercado con intenso flujo de capital, además de que representa una altísima recaudación vía AFIP. Todo un fenómeno paralelo a la saludable tendencia mundial que propone alejarse del hábito de fumar y acercarse a la salud, criterio compartido por el gremio.

Mayor contrabando

A la vista de las empresas y de SUETRA (Sindicato Único de Trabajadores del Tabaco), el 30% en la merma de producción y la baja del 20% en ventas no se debió a un menor consumo. “Todo lo contrario sucede con el incremento del impuesto de este año” ya había denunciado en mayo Raúl Quiñones, titular del SUETRA, cuando entró en vigencia la medida. El gremio denuncia que la demanda de los fumadores fue canalizada hacia la compra de cigarrillos truchos y los contrabandeados. Para perjuicio de las provincias tabacaleras del país, hay un bombardeo cotidiano desde la triple frontera, con Paraguay como motor de la venta ilegal. “Hoy el 20% de la caída en las ventas se desvió a la compra de cigarrillos de contrabando”, remarcó Antonio Makarchuk, secretario general del SUETRA en Misiones. “La voracidad impositiva de la AFIP no se condice con una energía similar para el control del contrabando y la venta de cigarrillos truchos”, opinó el misionero.

Hace unos meses, la principal tabacalera del país Massalin Particulares comunicó que debido a la suba de impuestos decidió cerrar su planta de compra y acopio ubicada en la localidad tucumana de La Cocha, como también efectuar reducciones de personal en las plantas de producción de Goya (Corrientes) y Merlo (provincia de Buenos Aires).

Tanto Quiñones como el Makarchuk indicaron que hace algunos días lograron “sentarse, y no mucho más”, con las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación, que encabeza Jorge Triaca. “Tienen que entender que otro ministerio (Hacienda, a cargo de Alfonso Prat Gay) tomó una decisión equivocada”, explicó Quiñones.

Sin controles

Makarchuk resaltó también que, “aún no siendo un producto alimenticio o medicinal, tanto en la etapa del procesamiento de la materia prima como en la elaboración final de los cigarrillos hay estrictos controles de calidad, algo que no respeta ni el contrabando y mucho menos las fábricas ilegales”.

“Como organización sindical estamos atentos a los números, la realidad y el futuro de las empresas. Lo hacemos porque estamos en la defensa de cada puesto de trabajo.

Sería de necios no hacerlo. Si queremos el bienestar de los trabajadores no se puede obviar cuando a las empresas no les va bien. Son grandecitos para defenderse, lo hacen bien solos, pero negar la realidad no es aconsejable, basta con repasar la historia del país”, justificó el secretario general del SUETRA.

Problema federal

Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco son las provincias donde el mercado negro de los cigarrillos se expandió.

Para el caso de los cigarrillos truchos, cuyo valor por atado oscila en el 50% respecto de las marcas registradas, la organización gremial también remarcó una circunstancia gravísima, y relató que “puede verse cómo ofrecen paquetes de cigarrillos truchos en las estaciones de tren de Capital y el Gran Buenos Aires; se venden incluso a los menores, cuestión que no sucede en ningún kiosco habilitado”.

Quiñones insistió en que la suba fiscal “decidida y anunciada para refinanciar a las provincias” no representa un centavo para trabajadores o comerciantes. Con esa disposición, el sector quedó atado al juego del mercado. Las compañías admiten que en los 12 años pasados se negociaba de otra manera, con base en la pauta fiscal que planteaba el Gobierno, lo cual estipulaba una política anual de precios y una alta previsibilidad para toda la cadena de valor.

El gobierno no incrementó la recaudación a través del impuestazo al tabaco. “Y tampoco entienden que la actividad, por el tipo de tipo de cultivo, ofrece entre 70 y 100 jornales por hectárea, siendo el único cultivo que no se tecnificó”, sostiene Quiñones. “Para Salta, Jujuy y Misiones es parte de la cultura, la producción de mano de obra es defendida por los gobernadores por esa razón”, argumentó el dirigente.