Los desafíos de la nueva estructura ministerial
La nueva ley de ministerios ya tiene media sanción. Pero hay dos temas que generan preocupación acerca de la renovada distribución de tareas: la unificación de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia por un lado; y Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, por el otro.
La desaparición de dos carteras con la finalidad de reducir el gasto público y agilizar la gestión fue el tema controversial.
Y es que la nueva composición del Gabinete crea superestructuras como el nuevo ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, en manos de Paula Bibini. Los cuestionamientos tienen que ver con la visión de la cuestión ambiental que pueda tener la funcionaria en su gestión y cómo lograr crecimiento y generación de empleo.
Pero otra de las críticas fuertes tiene que ver con una supuesta incompatibilidad y lo que algunos, como el diputado Guillermo Martinelli, considera un retroceso en Salta. A su parecer, se beneficia a los empresarios, dejando a la clase trabajadora en inferioridad ya que no tienen una cartera independiente que los defienda.
La otra incógnita tiene que ver con otro mega ministerio como Gobierno, Derechos Humanos y Justicia que recayó en manos de Marcelo López Arias. La dimensión que alcanza esta órbita plantea que Justicia es incompatible con Derechos Humanos, siendo que éstos últimos deben tener mayor relevancia y no estar bajo el mismo manto.
En menor plano quedó la discusión del cambio de dependencia de Deportes, que pasó a Cultura y Turismo, algo cuestionado por algunos.
Respecto a las secretarías
Queda ahora por ver cómo se resuelve la reducción de 55 a 44 Secretarías y Subsecretarías de Estado, y qué cambios hay en esta segunda línea de Gobierno, ya que es de suponer que cada ministro querrá llegar acompañado por un equipo de trabajo propio.
Es de suponer que en el área de Ambiente, Trabajo, Hacienda, Gobierno, Derechos Humanos, Justicia, Turismo, Cultura y Deportes podrían habrán cambios, aunque por ahora no se conocen nombres.
Por decreto quedarán establecidas las funciones y atribuciones de cada una de ellas.
En definitiva, es un derecho constitucional del gobernador diseñar el organigrama de su gabinete, habrá que ver en la práctica cómo se desenvuelven estas nuevas áreas, y qué perfil le aporta desde la gestión cada funcionario.