Ex presidente de Juventud procesado por evasión tributaria agravada y fraude

El Juzgado Federal 1 resolvió procesar a Héctor Rubén González, ex presidente del Centro Juventud Antoniana por “Insolvencia Fiscal fraudulenta y Evasión Agravada Tributaria”.La causa surge a raíz de una denuncia telefónica realizada a la AFIP, en abril de 2009, donde un anónimo daba cuenta que la fábrica de mosaicos que los González tienen en un local de Avenida Chile contaba con 22 empleados, de los cuales la mitad no estaba registrada. En julio de ese año, tanto la AFIP como la DGI realizaron la denuncia formal al Juzgado Federal que encabeza el Juez Julio Leonardo Bavio. Los denunciantes señalaron que la empresa pertenecía a la sociedad conformada por Germán (primo) y Fernando González, pero que “actuaban como testaferros” del polémico ex dirigente antoniano. El primer allanamiento a la fábrica se realizó dos días después de ingresada la denuncia al juzgado, pero la responsable del mismo no permitió que los inspectores de la AFIP pudieran ingresar ni tomar nota de la facturación ni hacer un relevamiento del personal. No obstante, los efectivos de AFIP constataron que en los galpones de la empresa se encontraban trabajando varias personas, como así también una gran cantidad de mercadería lista para su comercialización. Inmediatamente, la División de Investigaciones del organismo fiscal detectó una serie de irregularidades en la conducta fiscal de los implicados, como declaraciones juradas, incorporación de personal e impuesto a las ganancias. Tras el frustrado allanamiento, el Juzgado ordenó un nuevo allanamiento, esta vez con personal de Policía Federal, donde se secuestró un importante archivo informático y se pudo hacer el relevamiento a los trabajadores.

Tras varios intentos de la defensa de los empresarios para declarar la nulidad de los allanamientos, fue la Cámara Federal de Apelaciones quien denegó los pedidos y la causa siguió su curso.

Insolvencia fiscal
Tras los allanamientos, otra denuncia ingresó al Juzgado Federal: la AFIP solicitó abrir una causa contra Héctor Rubén González y su hermano Fernando –responsables de la empresa cuestionada- por la infracción a la Ley 24.769, es decir, por Insolvencia Fiscal Fraudulenta.

Es que desde el organismo, habían detectado que tras allanamientos de AFIP, Benito González, padre de los dirigentes antonianos, había realizado un comodato donde prestaba –en forma gratuita- el inmueble a su hijo Rubén, además de un poder amplio que demostraba operaciones de compra y venta de insumos y maquinarias. 

Por otra parte, la AFIP también detectó que el ex pope de calle Lerma era copropietario, junto a su hermano, de 10 inmuebles que fueron “donados” a su hermano Fernando en 10 días.También se supo que vendió a Daniela Gallo (sindicada también como responsable de la empresa de los González “MyG, Mármoles y Granitos” y también implicada en la causa) 2 inmuebles. González hizo un “muy buen negocio” con Gallo, al venderle uno de ellos en $1.200.000, monto muy superior a los $60 mil que le salió a él.A la AFIP también le había llamado la atención que Rubén González, en menos de un mes, pasó de de tener un patrimonio de 14 inmuebles a no tener ninguno. Por otra parte, también pareció “extraño” que en su declaración jurada pase de ser de más de un millón de pesos a tener poco más de la mitad de ese dinero y que en su empresa no había mayores movimientos en los papeles.

Tras tomar conocimiento de la denuncia, el Juzgado inhibió los bienes de los implicados al considerar que “trataban de eludir el pago de tributos nacionales”, resultando un “comportamiento defraudatorio” solicitando medidas instructurias al respecto.

Otra denuncia
Tras estas denuncias, la AFIP también detectó que el presidente antoniano evadió el impuesto a las Ganancias por el período 2008, por una suma de $788.716, la suma de $498 mil del 2007 y $615 mil del periodo fiscal de 2008. Es decir que Rubén González le adeudaba al organismo recaudador más de $1.114.001. La denuncia penal contra González y su primo Germán no tardó en llegar por parte de la AFIP, ratificando que había empleados sin registrar y “testaferros puestos como cabeza de explotación”. El dato fue corroborado en la investigación de las cuentas bancarias del ex titular antoniano, al conocerse que algunos de los pagos que realizaba la empresa a sus proveedores se lo hacía con cheques a nombre del polémico ex dirigente.

También se conoció que Rubén González estaba inscripto en el rubro “venta de ropa” donde obtenía ingresos superiores a los de esa actividad en cupones de tarjetas de crédito. El implicado hacía pasar ventas de la empresa cuestionada en otro rubro.Tras tomar conocimiento de la maniobra, los apoderados de la Obra Social del Personal Mosaísta pidieron ser tenidos en cuenta como querellantes en el proceso y pusieron en conocimiento que de los 22 empleados, 15 no estaban registrados y ratificaron que el verdadero dueño de la empresa, era Rubén.

También sostuvieron que la empresa les retenía sumas de dinero. La justicia tomó declaración testimonial a los trabajadores, donde todos ratificaron que el verdadero dueño era Rubén Gonzales. En tanto, todos los imputados se negaron a prestar declaración indagatoria. Tras la ronda de declaraciones, el juez decidió procesar a Rubén González por considerarlo autor del delito de evasión simple y por el delito de Insolvencia Fiscal Fraudulenta. Además, se le impuso un embargo hasta cubrir la suma de $2.900.000.En tanto, para su hermano Fernando, el juez decidió imputarlo por el delito de Insolvencia Fiscal Fraudulenta y le trabó un embargo de $205 mil. A Germán González, lo procesaron por ser “partícipe secundario del delito de evasión fiscal y se le trabó un embrago por $250 mil.

Vale aclarar que la pena aplicable por el delito de evasión, si el monto superase el millón de pesos, va de tres años y medio a nueve de prisión. En tanto, por insolvencia fiscal fraudulenta, sin importar el importe, corresponde aplicar una condena de dos a seis años de prisión. 

Fuente: Diario Punto Uno