General Güemes podría quedarse permanentemente sin servicios de Movistar

La empresa Movistar informó que hoy se encuentra inhabilitada para ingresar a la radiobase con la que brinda servicio en la ciudad de General Güemes y localidades aledañas , como consecuencia de una resolución del Juzgado de faltas local que avala una medida municipal restrictiva y anticonstitucional, violatoria de derechos preexistentes de la compañía. 

Debido a esta situación la comunicación de los clientes hoy se encuentra interrumpida, y a la vez, están comprometidos servicios esenciales para la comunidad, como la cobertura telefónica en hospitales y cuartel de bomberos, entre otros.

Los antecedentes

En 2009, la compañía pidió y obtuvo la autorización para la instalación de antenas para telefonía móvil en General Güemes, provincia de Salta. Alrededor de un año más tarde, la Municipalidad de ese lugar dictó la ordenanza 299/10, que modificó -entre otros parámetros- la distancia mínima permitida entre la ubicación de antenas y la vivienda más cercana, fijándola en 500 metros, basándose en argumentos que apelan a la presunta nocividad de las emisiones radiomagnéticas.

En consecuencia, la antena de Movistar –que antes del dictado de esa ordenanza ya contaba con autorización- quedó automáticamente por fuera de la nueva normativa, ya que se había instalado a menos de 500 metros de la vivienda más cercana.

La compañía recurrió entonces a la Justicia para defender sus derechos y, como parte del proceso judicial, se sometió al informe de un perito electromecánico. Tras las pericias correspondientes, el informe concluyó que el sitio cumple holgadamente con los parámetros previstos en las normas federales para exposición de ondas electromagnéticas de la población. La pericia agregó, además, que de relocalizarse la antena como lo exigía la ordenanza 299/10, el servicio de telecomunicaciones en la localidad de Güemes se vería perjudicado.

El proceso judicial siguió su curso y, en febrero de 2016, la Cámara Federal encomendó a las compañías y al municipio la elaboración de un plan de relocalización para emplazar la antena que generó el conflicto en un nuevo sitio, apto para la prestación eficiente del servicio.

En junio de ese año, y no obstante haber recurrido esa decisión de la Cámara, Movistar elaboró y propuso a la Municipalidad de General Güemes diversos planes técnicos y proyectos de mudanza, pero no obtuvo respuesta alguna hasta hoy.

A fines de abril último, la Juez de Faltas Administrativas de General Güemes dictó una resolución que ordenó la clausura de las instalaciones de la antena y su desarmado. En consecuencia, desde ese momento el personal técnico de la compañía ya no pudo ingresar al lugar para realizar el necesario mantenimiento de la antena y los equipos técnicos. Desde ese momento, el área técnica de la compañía sólo pudo realizar las tareas de operación y mantenimiento que técnicamente son factibles en forma remota.

Ante esta preocupante situación, y existiendo altas probabilidades de caídas del servicio en esa localidad, Movistar presentó inmediatamente una nota ante el ENACOM y otra ante el Juzgado de Faltas de la Municipalidad de General Güemes, reclamando por la arbitrariedad y por el incumplimiento, por parte del municipio, de coordinar con la compañía un plan de relocalización de la antena, lo cual había sido ordenado por la justicia federal hace tres años.

Finalmente, y como era previsible, pocos días atrás se produjeron fallas en los equipos que integran la antena imposibles de resolver en forma remota. Por lo tanto, el servicio se interrumpió totalmente. Como consecuencia, esta interrupción generó, además, afectaciones y posteriores caídas de servicio en otras dos localidades cercanas a General Güemes, que dependen de la antena mencionada para la cobertura de señal.

La situación en General Güemes y en las otras dos localidades es grave: al no haber servicio telefónico hay servicios esenciales para la comunidad que se han quedado sin cobertura, tales como hospitales y bomberos, entre otros. El litigio aún no tiene resolución, y la compañía recurrió ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.