Procesaron a Cristina Kirchner por la causa de los "cuadernos de las coimas"
Bonadio solicitó la prisión preventiva de la ex Presidente. El juez la señala como jefa de una asociación ilícita “paraestatal” organizada para cobrar coimas. Pediría su desafuero en el Senado de la Nación. También acusó a De Vido, Baratta y varios empresarios.
El juez Claudio Bonadio procesó a Cristina Kirchner por ser jefa de una asociación ilícita, responsable de comandar una estructura desde el Estado para la recaudación de fondos ilegales, como resultado del escándalo conocido como "cuadernos de coimas K".
Según indica el diario Clarín, el procesamiento también alcanzó a Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, entre otros ex funcionarios del extinto Ministerio de Planificación Federal, y una larga lista de empresarios convertidos en imputados colaboradores en el expediente.
A consideración de Bonadio, la investigación comprobó que se montó un aparato complejo desde el Estado. Así indicó que esta maniobra mostró la existencia de "una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), actuó entre los años 2003 y 2015".
El objetivo fue "procurar la percepción de sumas de dinero ilegítimas por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”, indicó el juez de la causa.
En la causa de los cuadernos de la corrupción, el magistrado determinó que "durante un lapso cercano a los ocho años âcuanto menosâ, Roberto Baratta (subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Nelson Javier Lazarte (secretario privado de Baratta), Hernán Camilo Gómez (funcionario de la subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Fabián Ezequiel García Ramón (Director Nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Federal), Rafael Enrique Llorens (subsecretario Legal del Ministerio de Planificación Federal) y Walter Fagyas (presidente de ENARSA), efectuaron las cobranzas a distintos particulares, habiendo sido trasladados, en la mayoría de las oportunidades, en vehículos conducidos por Oscar Bernardo Centeno".
Por su parte, el diario La Nación recalcó que Bonadío podría pedir la detención de la expresidenta, y cursar el pedido de desafuero al Senado, en el Congreso, un requisito ineludible para hacer efectiva la prisión preventiva. La decisión quedaría, entonces, en manos de la mayoría peronista, que deberá definir en los próximos días el futuro de la ex mandataria.