Dipudelincuentes: desde torturas, violencia de género a robo a mano armada

Aunque todo indica que de los tres diputados, el destituido, Kuldeep Singh es el que se encuentra más complicado, lo cierto es que los delitos imputados a sus ex colegas, Tomás Salvador Rodríguez y Gustavo Orlando Orozco, son igual de graves y podrían derivar en penas que van de 6 a 25 años de prisión.

El caso de Singh, sin embargo, es el que alcanzó mayor impacto mediático por la difusión que tuvo las fotos del entonces diputado al frente de una banda de asaltantes que irrumpió en la sede de la empresa Nutribras SA, como así también los burdos y vanos intentos del ex legislador por desvincularse luego del caso.

Singh, un empresario conocido en el sur de la provincia a partir de supermercados Singh y Kuvefa, como así también por su actividad agropuecuaria, mantenía un litigio comercial con la firma Nutribras SA, la que solía comprarles a los productores de granos sus cosechas para el envasado y exportación.

El 26 de octubre del año pasado, cansado de no llegar a un arreglo con dicha firma por una serie de cheques rebotados, Singh decidió cobrarse por su cuenta y el primer paso que dio para su ajusticiamiento fue contactar a Jonathan Diez, un empleado de Nutribras SA, quien hacía de nexo de esa firma.

Según el requerimiento de juicio del fiscal, Federico Jovanovics, el diputado junto a un par de matones tucumanos, los hermanos Claudio y Cristián Romano, prácticamente raptaron a Diez, a quien lo obligaron a viajar hasta la sede de Nutribras SA, en General Güemes, donde lo utilizaron para poder ingresar a las instalaciones y proceder al robo de maquinarias de la empresa, manera que Singh había ideado para poder cobrarse.

El plan salió a la perfección, pues cuando llegaron a las puertas de la empresa, con Diez como carta de presentación, el sereno, Juan Vidal Leiva, le cedió el paso sin imaginarse lo que iba a suceder luego, pues uno de los hermanos Romano, lo redujo armado con un revólver y lo mantuvo cautivo hasta que robaron todo lo que pudieron.

El detalle que no advirtió Singh fue que al desconectar el circuito de cámaras de video interno, no verificara que efectivamente el sistema había quedado inutilizado. Y es que algunas cámaras siguieron con la filmación y prácticamente grabaron todo el saqueo.

A ello se sumó un paso el falso de Singh, quien al ver que estaba en aprietos, intento, valga la paradoja, “apretar” al dueño de Nutribras SA para que no sólo levantara la denuncia, sino incluso le dio una declaración de lo que debía decir a la justicia, un libreto que el entonces diputado ya había adelantado por un diario local.

Pese a esta y otras maniobras, la investigación de la fiscalía no tuvo inconvenientes en probar la participación de Singh en el delito de robo a mano armado, poblado y en banda. Si bien, al hacer la imputación penal y pedir el desafuero del legislador, la jueza de Garantías 1, Ada Zunino, intentó enfriar el planteo, finalmente la magistrada le soltó la mano y Singh no sólo fue destituido, sino que terminó preso por poco más de un mes.

En la feria judicial de enero, un fallo del Tribunal de Impugnación le dio la libertad domiciliaria a Singh, quien ahora espera llegar a juicio junto a seis cómplices. Se trata de los hermanos Claudio y Cristián Romano, Marcelo Medina, Ariel Arias, Juan Lujan y Víctor Uncos.

De acuerdo a lo informado por la misma fiscalía, Singh corre el riesgo de recibir una pena que podría llegar a los 45 años de prisión por el concurso de los delitos cometidos y los agravantes impuestos al momento de la acusación penal, por lo que el futuro se presenta sombrío para este empresario que poco duró en su paso como diputado provincial.

Orozco: Torturas y vejaciones

El caso del diputado Orozco, en tanto, no es muy diferente, pues este legislador también enfrenta delitos que podrían derivar en una pena de hasta 25 años de prisión, máximo contemplado por el Código Penal para el delito de torturas, uno de los seis cargos que pesan en su contra.

Orozco deberá responder por tres acusaciones penales entre el 27 y 29 de marzo próximo, cuando la jueza, Carolina Poma, abrir las audiencias de juicio en su contra en la ciudad judicial de Metán, donde el legislador deberá presentarse para responder por cada uno de los delitos imputados.

La causa más conocida e imputada a Orozco surge de la denuncia de Francisco Reynaldo Díaz, un vecino de Rosario de la Frontera, quien sostuvo que el 24 de octubre del año 2014, cuando circulaba en su auto junto a su hijo, de 12 años, por la Finca Los Baños, fueron detenidos ilegalmente y golpeados por un grupo de policías dirigidos por el diputado, entonces Jefe de la Brigada de Investigaciones de esa ciudad.

Díaz, en distintas apariciones públicas, afirmó que fue sometido a la tortura conocida como “submarino seco”, la cual consiste en cubrirle la cabeza al reo con una bolsa de plástico hasta dejarlo sin respiración, maniobra que se repite hasta lograr la confesión que se busca.

El vecino acusó a los policías de golpear al niño, lo que también fue denunciado por su madre, Angélica Luna. Los policías, según las actuaciones, estaban tras los pasos de otro hijo de Díaz y por tal razón habrían abordado al mismo para sacarle esa información, como así también lo amenazaron de muerte.

En su denuncia, Díaz presentó reportes médicos de las lesiones y esto llevó a que el fiscal de Derechos Humanos, Gustavo Vilar Rey, avanzara con la investigación, la cual derivo luego en la imputación penal a Orozco y otros policías, Víctor Orellana, Andrés Suárez, Rubén Medina, Javier Reynoso y Arnaldo Denis, por los delitos de vejaciones agravadas, coacción y severidades.

Un perejil

El 28 de mayo de 2015, en tanto, Orozco fue denunciado por Pablo Alejandro Carrizo, quien ese día al recorrer un río por el paraje El Potrero de esa ciudad, encontró el cadáver de un vecino de apellido López, por lo que dio aviso del hallazgo a la policía.

Orozco y sus policías, sin embargo, sospecharon del mismo y decidieron visitarlo en la noche en su casa para llevarse detenido a la dependencia de la Brigada, donde lo sometieron a una brutal golpiza, con torturas como el “submarino seco” e incluso le hicieron meter la cabeza en el inodoro a la vez que tiraban de la cadena.

Todo esto, según Carrizo, fue para que se hiciera cargo del crimen de López, el sujeto que él mismo había hallado en el río y por el cual dio aviso a la policía, cosa que no hizo y que le costó serias amenazas de parte de los policías.

Lo llamativo de este caso fue que a los dos meses, la policía detuvo a Ramón Pereyra y Jorge Padilla por el asesinato de López, crimen por el cual Orozco pretendía plantar con Carrizo un perejil para cerrar el caso y salir airoso en su legajo.

Al igual que el caso anterior, aquí el fiscal Vilar Rey tampoco tuvo dudas y mandó a juicio a Orozco y sus policías por los delitos de torturas, privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales.

La tercer causa en contra de Orozco se inició a partir de la denuncia de la abogada, Mabel Soraire, defensora de Pablo López, quien reveló que el 19 de agosto de 2014, Orozco y sus policías lo detuvieron y lo mantuvieron detenido por tres días en dependencias de la Brigada, tiempo en que fue golpeado y sufrió todo tipo de torturas. El motivo, nuevamente, giraba en las intenciones de los policías de que López se hiciera cargo del abuso sexual de una joven. En este caso, el fiscal Vilar Rey les imputó a Orozco y compañía los delitos torturas y vejaciones agravadas.

Tury Rodríguez: Violencia de género

Otro de los diputados con cuentas pendientes con la justicia es Tomás Salvador Rodríguez,  quien en septiembre del año pasado fue enviado a juicio por la fiscal de Violencia de Género 3, Liliana Jorge, pedido que luego el juez de Garantías 3, Antonio Pastrana confirmó.

El caso se inició el 4 de abril del año pasado, cuando la ex mujer del legislador, se presentó en la Oficina de Violencia Familiar del Poder Judicial y denunció una agresión que sufrió a manos de Rodríguez el primero de mayo del año 2017.

Por ese hecho, la fiscal le imputó al diputado el delito de lesiones leves agravadas por relación de parejas y violencia de género. Rodríguez, por su parte, se dedicó a tratar de que el caso no llegue a los medios con una serie de planteos sobre la privacidad de la víctima, aunque a la par pidió su sobreseimiento.

Todos estos planteos fueron rechazados por el magistrado, quien sostuvo que los mismos eran extemporáneos, pues sostuvo que el planteo no se realizó en la oportunidad correspondiente, cuando se sometió al diputado a la audiencia de imputación y otras diligencias procesales.

Sobre el pedido de sobreseimiento, en tanto, dijo que los cuestionamientos de la defensa deberán ser analizados en profundidad en la etapa de juicio, por lo que rechazó tal planteo. En un último intento por frenar el avance de la causa, Rodríguez presentó en fecha 6 de diciembre un nuevo planteo en el que insisten con el sobreseimiento, el que ahora está en manos del Tribunal de Impugnación.

La causa es considerada de extrema gravedad, tanto por la investidura del acusado, diputado provincial, como por el hecho denunciado por la ex mujer del legislador, el que se circunscribe a un delito repudiable como el de violencia de género.