La funcionaria municipal Débora Ramírez, radicó la denuncia contra la fiscal Verónica Simesen por incumplimiento a los deberes de funcionario, al no dar respuestas a las denuncias que realizó contra el Concejo Deliberante de General Güemes por violencia y acoso institucional. La situación fue planteada el pasado martes ante las comisiones de la Mujer y de Seguridad de la Cámara de Diputados, donde llegó acompañada por la intendenta Alejandra Fernández y cuatro concejalas de la localidad. 

Ramírez explicó a Nuevo Diario que cinco de los nueve concejales que tiene el cuerpo deliberativo orquestaron una campaña de desprestigio en su contra, ya que la mayoría de los ediles, que responden políticamente al ex intendente Daniel Segura y buscan que renuncie a su cargo. “No cesan con las amenazas ni con el hostigamiento. De hecho fui designada nuevamente y el Concejo extravió la documentación del nombramiento, que está promulgado por el Ejecutivo y aun así piden informes continuamente".

"Todas las semanas en las sesiones agravian mi persona y es por eso que la Cámara me citó para que exponga la situación de violencia”, señaló la mujer y agregó que también la desprestigian en los medios de comunicación. “Nunca pudieron acusarme por mal desempeño o que robé, es por eso que realizan denuncias sin fundamentos y buscan amedrentarme con estas situaciones de acoso y violencia institucional; inclusive tuve que cambiar mi domicilio”, explicó la jueza de Falta.

En la reunión con los diputados, Alejandra Fernández confirmó que desde que asumió su mandato en 2015, tanto ella como la jueza. “Han pasado situaciones muy difíciles provocadas por la gente que responde a la anterior gestión. La magistrada ha sufrido mucho, debe convivir ante un acoso constante, es de admirar la entereza con la que afronta esta realidad, pero esto ya no puede seguir pasando”, dijo jefa comunal de General Güemes.

Por su parte, la diputada Silvia Varg manifestó que esta realidad deja en evidencia un grave caso de acoso laboral y psicológico, como así también de violencia institucional, por lo que es indispensable que desde la Cámara Baja se brinde apoyo a la funcionaria. 

“Vamos a interceder desde ambas comisiones para que la fiscal entienda que este es un caso muy grave que no se puede dejar pasar y que lamentablemente ocurre en la mayoría de localidades del interior donde no se respeta la institucionalidad y mucho menos los derechos de la mujer”, dijo la legisladora.En tanto, el diputado Dionel Ávalos confirmó que desde la Comisión de Seguridad van a solicitar al Ministro de Seguridad, Carlos Oliver, que se garantice la seguridad de la Jueza. 

En la reunión con la jueza de Faltas estuvieron presentes los diputados Rosana Guantay, Dionel Ávalos, Silvia Varg, Gladys Paredes y Norma Lizárraga.