Escándalo en una fiscalía penal por cobros “extras” a infractores

Este escándalo de corrupción judicial fue detectado en la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma, donde un auxiliar fiscal, la segunda autoridad después del fiscal penal, estafó a cerca de una docena de infractores, la mayoría de ellos por contravenciones propias de esa zona, como la de animales sueltos y ruidos molestos.

El caso fue detectado hace dos años, aunque no se sabe desde cuándo este funcionario judicial comenzó a desplegar esta maniobra. Todo se descubrió, cuando un vecino, que previamente se había entrevistado con el acusado, regresó y le preguntó a un empleado de mesa de entrada si podía darle la plata pedida por el auxiliar fiscal.

El empleado, según lo declarado en la causa, sostuvo que el infractor, un vecino de la zona de San Luis, llegó a la fiscalía y fue atendido de manera personal por el auxiliar fiscal, quien estaba atento a la llegada de distintos infractores, a quienes atendía de manera especial cada vez que llegaban a esa dependencia judicial.

Sobre el accionar de este funcionario judicial, InformateSalta pudo saber que el mismo había comenzado a desatender las tareas más urgentes de la fiscalía, como las relacionadas con personas privadas de la libertad y las víctimas de violencia de género.

 Atención personal

Su atención, en tanto, se había centrado en atender personalmente a vecinos de la zona, encargados de finca y otros empleados o comerciantes, quienes llegaban a la sede de la fiscalía, en Rosario de Lerma, con la intención de cumplir con las multas aplicadas por distintos hechos, la mayoría de ellos por animales sueltos y ruidos molestos.

Pese a que ya se la había impartido directivas para que deje de atender a los infractores, quienes eran responsabilidad de otro empleado de la fiscalía, el auxiliar insistió y cada vez que aparecía un infractor, salía a atenderlo y luego lo hacía pasar a su oficina.

Remitidos a la fiscalía por la policía de esa localidad, los infractores llegaban a la fiscalía penal con la intención de pagar las multas y así recuperar el caballo u otros animales que desaparecían. En la charla que mantenían con el auxiliar de la fiscalía, éste aprovechaba y les cobraba el doble de la multa que le correspondía.

Así por ejemplo, la multa por animales sueltos pasaba de 200 a 400 pesos, y si era de 400 pesos, por reiteración de casos, el monto ascendía siempre al doble. Lo llamativo es que el acusado le pedía a cada infractor que la mitad de esa suma sea depositada en el banco Macro, de esa localidad, como manda la ley.

Una vez cumplido con este paso, los infractores debían regresar a la fiscalía para allí recibir un acta en la que constaba el pago de la multa, documento que, con la rúbrica de la fiscalía, llevaban a la dependencia policial a fin de retirar sus animales, por lo general caballos.

 “Gastos administrativos”

El empleado que destapó la olla, al respecto, contó que uno de los infractores que había sido atendido por el auxiliar fiscal, regresó con el dinero que debía depositar en la banco y expuso en la mesa de entrada dejar el dinero para que la fiscalía haga el depósito del dinero, circunstancias en que reveló que la otra mitad del dinero ya le había sido entregada al funcionario judicial acusado.

Ante esta alarma, el fiscal penal de esa unidad, en ese entonces, Gustavo Torres Rubelt, abrió la investigación penal en torno al auxiliar, tarea que destapó una gran sorpresa, pues al llamar a los infractores que habían tenido contacto con el acusado, se pudo conocer el cobro “extra” que se les hacía a los contraventores.

Si la multa era de 200 pesos, el auxiliar les requería a los infractores el doble de ese dinero. La mitad era para ser depositada en el banco, mientras que la otra mitad iba al bolsillo del auxiliar, pues no dejaba ninguna constancia de ese pago “extra”.

Cuando los infractores preguntaban sobre el destino de ese dinero, el auxiliar repetía que ese monto era destinado a “gastos administrativos”, lo que por supuesto no existían en el protocolo que debían seguir en materia de multas por contravenciones.

Así, la investigación develó que se reunieron pruebas en torno a más de diez casos en los que el auxiliar cobró el doble de la multas correspondiente, quedándose con la mitad para su propio provecho, por lo que al funcionario judicial se le imputó el delito de “exacciones ilegales”, lo que decantó en un verdadero escándalo que la fiscalía trató de mantener en secreto, pero finalmente todo salió a luz.