Por la causa de licencias truchas allanaron las oficinas de ex Tránsito Municipal

El secretario de la fiscal Verónica Simesen ingresó hoy a las oficinas de ex Tránsito Municipal y actual Secretaría de Movilidad Ciudadana para llevar a cabo un allanamiento autorizado por el juez Diego Rodríguez Pipino con el objetivo de recabar información sobre licencias de conducir entregadas durante el 2018 y 2019 en el marco de una investigación por asociación ilícita que involucra al menos a once empleados. 

Hasta el momento se sabe  que existe información que acredita el funcionamiento de una organización que se dedicaba a entregar licencias de manera irregular, se conoció que cobraban $1500 para entregar las respuestas del examen escrito y $3000 para obtenerla sin rendir el examen práctico. La fiscal sostiene que los involucrados cumplían con tareas específicas y bien distribuidas. 

Gilberto Pereyra, titular de Movilidad Ciudadana contó por Multivisión que “el allanamiento se realizó en el área de licencias de conducir, vinieron a buscar información que quedó secuestrada. Yo estuve presente durante todo el procedimiento”. 

“Hablamos de al menos 300 legajos y hay que revisarlos uno por uno”. En ese contexto explicó que la situación salió a la luz porque “a medida que se iban tramitando algunas renovaciones de licencias se descubrió que no estaban en el sistema y se hizo el informe respectivo, con la declaración del dueño de la licencia. Todo eso fue llevado a la justicia”. 

Detenidos 

En lo que va de la investigación hay once personas detenidas e imputadas por asociación ilícita se trata de Marianela Castro y César Martín Ganami, quienes participaban en la asociación mediante la captación de ciudadanos que, urgidos de la obtención de las licencias de conducir y a cambio de dinero, lograban obtener turnos con atención inmediata, a través del empleado Alejandro Jorge Soria y de los Inspectores Ricardo Martín Miguel Nina y Julio Federico Barrientos Herrera, quienes también, a sabiendas que dicho otorgamiento es gratuito, obtenían beneficios económicos.

También se tiene por acreditada a prima facie la participación de las examinadoras Carmen Nieves Campos y Gabriela Anahí Dagum, quienes en tal carácter y siendo las encargadas de verificar que los exámenes teóricos fueran rendidos y aprobados como requisito previo e ineludible para continuar el trámite referido, sabían quiénes eran las personas enviadas por Castro y Ganami para que los exámenes no fueran debidamente rendidos. En diversas ocasiones y pese a los errores que no permitían su aprobación, los exámenes eran considerados como aprobados.