La sesión de Diputados se llevó a cabo de manera virtual. El cuerpo aprobó sobre tablas una ley ómnibus que envió el Ejecutivo para establecer cambios en función de la evolución y dinámica de la situación epidemiológica que se registra en la provincia por el fuerte impacto actual de la pandemia de coronavirus.

La norma prorroga la emergencia sanitaria en la provincia por otros seis meses, amplía la integración del Comité Operativo de Emergencias (COE), crea un régimen especial de contravenciones relacionadas con la lucha contra el COVID-19 y deroga los superpoderes que venía teniendo la Policía provincial.

"Esta nueva etapa nos aconseja realizar los cambios que se proponen", señaló el gobernador Gustavo Sáenz a los legisladores a través del mensaje que adjuntó al proyecto de ley ómnibus que envió a la Legislatura.

Prórroga

La prórroga de la vigencia del estado de emergencia sanitaria en todo el territorio salteño por la ley 8188, derivada del DNU 250, por seis meses más, fue aprobada en general por 53 votos positivos contra 1 en contra.

El único voto en contra fue expresado por Claudio Del Plá por no contar con acuerdo para que se trate un dictamen alternativo que presentó al proyecto enviado por el Ejecutivo.

En el tratamiento en particular, la oposición pidió modificaciones en algunos artículos. Aunque cedió en algunos conceptos, el oficialismo se cerró al texto del dictamen que aprobó la comisión de Legislación General.

COE ampliado

En el título I de la norma se establece la ampliación de la composición del Comité Operativo de Emergencia (COE) con representantes de diversos sectores públicos y privados.

Durante del debate se propuso incluir a un representante de los movimientos sociales y se enfatizó en la necesidad de que el 50 % de los miembros sean del interior para que contenga una mirada federal, pero estas propuestas fueron rechazadas por el oficialismo.

Régimen contravencional

La ley ómnibus adapta las disposiciones establecidas en el marco del régimen excepcional establecido en la ley 8191, generada en el polémico DNU 255, y las adecua a la aplicación excepcional de sanciones contravencionales que tengan que ver con el incumplimiento de las medidas sanitarias.

En este tramo de la ley se establecen las diferentes y numerosas sanciones para las infracciones e incluye el decomiso de vehículos. En este caso, las disposiciones estarán a cargo de un juez de garantías.

Sobre el decomiso de vehículos, se advirtió los inconvenientes que se presentarán teniendo en cuenta que en la actualidad el sistema de justicia no funciona plenamente.

En el marco de este régimen excepcional, que tendrá vigencia mientras se mantenga la nueva declaración de emergencia dispuesta por la ley 8188, se determina la derogación de los super poderes que se habían acodado a la Policía provincial.

Durante el debate se hizo notar que la creación de juzgados contravencionales, cuyo proyecto de ley aprobó hace poco el Senado, seguramente quedará relegado para el tratamiento en la Cámara de Diputados.