Ha vuelto a escenario el proyecto para la reforma de la Constitución de la Provincia de Salta, con las Cámaras legislativas analizando los cambios a realizar, surgiendo temas como la figura de la viceintendencia, la limitación de mandatos, entre otros puntos a tratar.

En medio de los análisis, se suma la inquietud respecto a los fueros con los que cuentan los legisladores, sobre todo con lo ocurrido en los últimos días en la ciudad de Tartagal, donde una concejal fue imputada al ser acusada de retener donaciones destinadas a comunidades originarias.

Al respecto de esta cuestión y en diálogo con Telefé Salta, la fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke amplió los detalles. “Ningún funcionario debería gozar de inmunidad en el ejercicio de su cargo, me preocupa que se vayan a incorporar nuevas inmunidades y que no se puedan hacer investigaciones penales”, espetó.

Del mismo modo remarcó que “hemos visto que cuesta investigar a funcionarios públicos”, por lo tanto el artículo sobre los fueros con los que gozan los legisladores “debería derogarse de la Constitución” salteña.

Dicho esto enfatizó que, ante “la imposibilidad que se sometan a investigaciones penales y que debamos pedir a las Cámaras respectivas el desafuero de esos legisladores, funcionarios, o llevar adelante mecanismos como juicios político, creo que (esos artículos) no permiten que se pueda llevar a cabo las investigaciones en los tiempos que la ciudadanía espera”.