El Gobierno busca penalizar a los efectivos que abandonen "injustificadamente" sus tareas
Tras los acuartelamientos y las protestas policiales que se vivieron en numerosas provincias la semana pasada, el Ejecutivo ordenó que el Congreso debata en las sesiones extraordinarias un proyecto.
A través del decreto 2167, que lleva la firma de la presidente Cristina Kirchner, el Gobierno amplió el temario del Congreso para las actuales sesiones extraordinarias e incluyó siete proyectos de ley para que tengan trámite parlamentario antes de que concluya el año.
Según lo dispuesto en el Boletín Oficial, publicado hoy, entre esas iniciativas, figura una por la cual "se sustituye el artículo 252 del Código Penal, incorporando penas específicas para aquellos miembros de las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o agencias estatales armadas que por su naturaleza tuvieren a cargo el cuidado de personas".
En la comunicación oficial no se precisa de quién es la idea del proyecto ni si ya fue girado a alguna de las cámaras. Tampoco da detalles del mismo pero aclara que el objetivo es penar al personal de las fuerzas de seguridad que "a sabiendas abandonen injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitieren la prestación regular de la función a la que reglamentariamente están obligados".
El proyecto se da a conocer una semana después de que las revueltas policiales -en reclamo de una mejora salarial y laboral- redujeran en varias ciudades del país la presencia policial en las calles y ello derivara en violentos saqueos y desmanes, dejando un saldo de 15 víctimas fatales y enormes destrozos y pérdidas para los comerciantes afectados.
El 10 de diciembre, el Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el decreto 2089 a través del cual convocaba al Congreso nacional a realizar sesiones extraordinarias en ambas cámaras hasta el 31 de diciembre.
Restan sólo 13 días para ese plazo, lo que dificultará que el texto sea convertido en ley antes de que concluya el año, por lo que sólo podría ser debatido sobre tablas por ambas cámaras si la Presidente firma un decreto de convocatoria a sesiones ordinarias del Congreso en el verano.
Fuente: Infobae.com