Producía más de una dosis de droga por cada habitante de Salta

Las pericias realizadas sobre las plantas, almácigos, semillas y demás derivados secuestrados en la finca Los Chalchanios, arrojó una cifra récord de 1.300.000 dosis. Por el hecho, hay once imputados, cinco de ellos permanecen presos.

En una reciente audiencia, en la cual la defensa de los principales imputados intentó -sin éxito- obtener la excarcelación de sus clientes, el fiscal general Eduardo José Villalba, a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad del NOA brindó precisiones del caso que causaron un gran impacto en los jueces de la Sala 2 de la Cámara Federal de Apelaciones.

Con una presentación digital del allanamiento en la finca Los Chalchanios, en La Caldera, la plantación de marihuana más grande del país, el fiscal rebatió de cuajo las pretensiones de los cinco cabecillas de la organización, quienes buscan a toda costa salir de prisión antes del juicio.

Las imágenes que se difundieron sólo tenían comparación con las plantaciones en la localidad paraguaya de Juan Pedro Caballero, lo que – casualmente – fue aludido por el fiscal al referirse a la magnitud de la producción de marihuana que habían logrado los acusados.

El impacto de las diapositivas fue tal que uno de los jueces – Guillermo Elías – comparó la envergadura e infraestructura invertida en la plantación con una “pyme agropecuaria”, sentencia que reforzó en su conocimiento proveniente de familiares dedicados a la producción tabacalera.

En ese marco, el fiscal reveló un dato que cayó como una bomba al referirse al resultado de las pericias realizadas el 14 de febrero pasado, estudios aplicados sobre muestras extraídas de las 2.400 plantas (con dos metros de altura), 7.200 plantines, 305 gramos de semillas y 61 kilogramos de cogollo hallados en un depósito de secado, entre otros derivados de la droga.

“De toda la droga secuestrada, los peritos informaron que es factible extraer un total de 1.300.000 dosis umbrales, lo que supera la población de la provincia de Salta, según el censo de 2010, el que arrojó un resultado de 1.214.441 habitantes”, sostuvo el fiscal.

Esta cifra, además de marcar un récord histórico en la materia, refleja la capacidad de producción que la organización narcocriminal había logrado montar en La Caldera, plantación desarticulada por la PROCUNAR NOA el 4 de febrero pasado.

La investigación del caso, coordinada por los auxiliares fiscales Mariana Gamba Cremaschi y Jorge Viltes Monier, derivó en la imputación progresiva de once personas. Los principales implicados son Juan Berruezo, Jonatán Manuel Garzón, Sergio Humberto Salum, Víctor Nicolás Farfán y Aldo Luis Aparicio.

Con menor grado de participación, dada la función que cumplieron como peones en la plantación, aparecen César Alberto Royo, Rodrigo Martín Coronel y los hermanos Gustavo Carlos y José María Segovia y Tomás y Simón Aparicio.

Planteo rechazado

El 28 de julio pasado, y en defensa de Salum, Farfán, Garzón y Aparicio, el abogado Miguel Villagrán presentó una impugnación dirigida a revocar la prisión preventiva impuesta desde que fueron detenidos, entre el 4 de febrero, el 23 de marzo y el 2 de junio pasado.

La Sala II de Revisión, integrada por los jueces Elías, Alejandro Castellanos y Mariana Catalano (presidenta) resolvió el planteo de manera desfavorable, por lo que los cuatro imputados seguirán privados de su libertad.

Como punto sobresaliente, la defensa cuestionó la pericia realizada en torno a 1.008 plantines, los que no fueron incluidos en el estudio que calculó la cantidad de dosis umbrales citada por el fiscal al rebatir la impugnación de la defensa.

Pese a la gran cantidad de plantas, almácigos y otros derivados de la marihuana secuestrada en la finca, cuyas pericias arrojaron un resultado contundente respecto a su toxicidad, la defensa se centró solamente en los 1.008 plantines, los cuales, debido a la gran cantidad de tarea, perdieron su poder tóxico.

Asimismo, se quejó porque la pericia se inició sin la presencia de la defensa, lo que fue inmediatamente subsanado al disponerse la destrucción del acta, para reiniciar el estudio con la parte afectada presente. Este hecho, sin embargo, fue presentado por el defensor como un “debilitamiento” de la acusación.

Por otra parte, reclamó un trato igualitario para sus clientes y atacó a los seis acusados que se encuentran en libertad provisoria, siendo que la imputación penal por el delito de siembre y cultivo de estupefacientes agravado por el número de intervinientes recae sobre todos los implicados.

Al momento de rebatir los argumentos esgrimidos, el fiscal proyectó imágenes de todas las otras plantas, plantines, semillas y cogollos hallados, cuyas pericias mostraron un resultado lapidario para los cuatro acusados, sin que la defensa cuestionara nada al respecto.

En cuanto al la supuesta desigualdad aludida, indicó que la misma no responde a ningún encono, sino al grado de participación que tuvieron sus clientes por encima del resto. Resaltó que, tanto Salum, Garzón, Farfán y Aparicio, como así también Berruezo, administrador de la finca, tienen un grado incriminatorio mucho mayor, pues son los líderes de la organización.

Roles y participación

Sobre los roles de cada uno, explicó que Berruezo dispuso del lugar y ejercía cierta autoridad sobre el resto, al igual que Garzón, como encargado de la siembre y cultivo; mientras que Salum y Farfán dirigían la logística vinculada al traslado de los peones y la compra de insumos para la plantación.

Los otros seis acusados, quienes trabajaban en el cultivo como peones, tenían una función más fungible, situación que no sucedía con los otros cuatro. Por otra parte, recordó que, a excepción del cuestionamiento sobre la pericia, la defensa ya había planteado los mismos argumentos en audiencias previas, también sin éxito.

Explicó que, a diferencia de los seis imputados excarcelados, Salum, Garzón, Farfán y Aparicio cuentan con inconsistencias migratorias, capacidad financiera para fugarse y uno de ellos anticipó que se iba a ir del país. Al margen de ello, explicó que, dado el grado de participación en el delito, la condena que podría recaerles excede la escala penal prevista para ser beneficiados con la prisión condicional.

Al resolver, los jueces compartieron los argumentos del fiscal prácticamente en su totalidad. La jueza Catalano sostuvo que la supuesta irregularidad en la pericia en nada altera el mérito sustantivo y, a la vez, resaltó la envergadura de la plantación y la enorme cantidad de droga que se producía.

“Estamos ante un pronóstico bastante serio” dijo la jueza respecto a los cuatro acusados, dándole la derecha al análisis de la fiscalía sobre la expectativa de pena derivada del grado de implicancia de los imputados. “No es lo mismos una participación primaria que una secundaria”, agregó.

Castellano, en el mismo sentido, calificó de “inconsistente” la impugnación de la defensa, la cual -según dijo- nada dijo del resto de la droga incautada. Sobre el reclamo defensivo por un trato igualitario, recordó que la misma radica en la condición personal y el rol de cada uno, lo que surge evidente de lo expuesto por la fiscalía.

Por su parte, el juez Elías reconoció el esfuerzo de la defensa, pero la calificó de “insuficiente”. “La verdad es que cuando veíamos las imágenes de la finca, creí que estábamos frente a una pyme agropecuaria”, destacó el magistrado.

“Con familiares que se dedican a la producción tabacalera estoy al tanto de la infraestructura que se invierte, por lo que no me deja de sorprender este caso”, agregó. Respecto a la pericia cuestionada, dijo: “aún si agarramos a patadas los plantines que se pudrieron, creo que el mérito se mantiene intacto”.

De esta manera, los jueces decidieron por unanimidad rechazar la impugnación y, con ello, confirmar la prisión preventiva de los cuatro acusados.