Informe secreto de Chile acusa a Alberto Fernández de "inmiscuirse" en los asuntos de "países vecinos"
El gobierno de Chile ordenó una investigación sobre una “falla de seguridad” por un hackeo masivo detectada en los correos electrónicos de la cúpula del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y dispuso por esto el regreso de urgencia de la ministra de Defensa, Maya Fernández, que se encontraba en Estados Unidos junto al presidente Gabriel Boric.
Según reveló el sitio Bio Bio, en informe interno del Estado Mayor Conjunto dejó al descubierto la posición chilena frente a la Argentina. El reporte, de 29 páginas, devela la percepción del país respecto del presidente argentino, Alberto Fernández, a quien describe como un mandatario que “tiene la costumbre” de “inmiscuirse de algún modo en la política interna de países vecinos”. Además, según la revelación de Bio Bio, también califica como “un potencial argumento para la estrategia argentina sobre los Campos de Hielo Sur” los dichos de Boric en medio de su primer viaje oficial a Buenos Aires, según informa la agencia AFP.
La percepción de Alberto Fernández como un mandatario que se inmiscuye en la política interna de países limítrofes, las reacciones en la Argentina por los dichos de la exministra del Interior y Seguridad Pública de Chile Izkia Siches sobre el “Wallmapu” (territorio mapuche) y una especial atención al despliegue militar en Tierra del Fuego son solo algunas de las conclusiones del informe interno del Estado Mayor Conjunto chileno, revelado en medio de la filtración de miles de archivos del organismo asesor del Ministerio de Defensa, publicó Bio Bio.
En uno de los puntos se menciona el apoyo que hizo Alberto Fernández a Luiz Inacio Lula da Silva como “eventual próximo candidato presidencial” en Brasil, hecho que desató molestia en el gobierno de Jair Bolsonaro.
Chile también es señalado, según Bio Bio. Específicamente, se cita la reunión que mantuvo Fernández con “dirigentes opositores de la izquierda chilena” durante el mandato del presidente Sebastián Piñera.
El Ministerio de Defensa Nacional dijo la noche del miércoles que ante “la falla de seguridad de los correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto”, Boric instruyó el regreso de la ministra Maya Fernández, que lo acompañaba en un viaje oficial con motivo de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, “para liderar la respuesta frente a estos hechos”.
“El gobierno ha ordenado un sumario administrativo para determinar las responsabilidades correspondientes. Adicionalmente, los antecedentes han sido puestos a disposición de la justicia militar para dar pie a la investigación penal”, agregó el breve comunicado de prensa.
Según medios chilenos, se filtraron más de 300.000 correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto, en un hackeo atribuido al grupo activista Guacamaya. Los mismos medios indican que el contenido de los correos filtrados contempla comunicaciones, cuidados, complicaciones y los gastos operacionales de las Fuerzas Armadas durante el Estado de Excepción Constitucional que se llevó a cabo en las regiones del Bío Bío y La Araucanía, durante la administración del expresidente Sebastián Piñera.
El Estado Mayor Conjunto es un organismo que tiene como propósito preparar a los componentes de las Fuerzas Armadas de Chile, así como asesorar al Ministerio de Defensa y elaborar informes en materia de seguridad institucional.
Maya Fernández iba a participar el miércoles en un homenaje que el gobierno chileno organizó para su abuelo, el depuesto mandatario socialista Salvador Allende (1970-1973), por los 50 años de su participación en la Asamblea de las Naciones Unidas, pero debió volver a Chile tras conocerse el hackeo.
De acuerdo con el diario El Mercurio, la información sobre el hackeo fue difundida en plataformas que divulgan las actividades de piratas informáticos.
En ellas, el grupo identificado como “Guacamaya” habría divulgado documentos reservados de la Defensa chilena que abarcarían unos cinco años, en la primera de varias revelaciones que para gobiernos latinoamericanos.
Según este medio, entre los archivos difundidos se encontrarían algunos relacionados con los hechos ocurridos tras las masivas manifestaciones sociales que estallaron en Chile el 18 de octubre de 2019, que se extendieron por varias semanas y se saldaron con una treintena de muertos.
Varios informes de organismos internacionales dieron cuenta de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes de la policía y también de las Fuerzas Armadas, que colaboraron en labores de seguridad por nueve días en que el gobierno del entonces presidente Piñera decretó el estado de emergencia.