El fiscal general Carlos Martín Amad y el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier, en representación de la PROCUNAR NOA, solicitaron este miércoles penas que van de los 7 a los 20 años de prisión para la organización narcocriminal que lideraba Delfín Reynaldo Castedo en el norte de Salta y de la que participaba parte de su familia.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal consideraron que quedó comprobado el rol de los acusados en la estructura narco criminal creada a partir de la adquisición de dos fincas ubicadas en la frontera con el Estado Plurinacional de Bolivia, en la localidad de Salvador Mazza.

Para Delfín Castedo, el MPF requirió una condena de 20 años de prisión y el pago de una multa de 650 mil pesos por considerarlo jefe de la asociación ilícita, además de acusarlo por dos hechos de falsificación de instrumento público y dos hechos de uso de documento público. A su hermano Raúl, le solicitaron 10 años de prisión y una multa de 100 mil pesos por integrar la asociación ilícita.

Por lo mismo está acusado el martillero público Eduardo Torino al que se pidió una pena de ocho años y una multa de 200 mil pesos. La ex pareja de Delfín Castelo, Melba Araujo, no solo fue considerada integrante de la asociación ilícita sino también coautora de un hecho de lavado de activos, por lo que la fiscalía solicitó nueve años de prisión y una multa de 640 mil pesos. 

El comerciante Luis Yudi fue considerado integrante de la asociación y se lo acusó también por el delito de “encubrimiento agravado de activos de origen delictivo'', por lo que se le pidió una condena de ocho años de prisión y una multa de 600 mil pesos. Para Alberto Yudi y su hijo Mario, la fiscalía pidió ocho y siete años de prisión por ser miembros de la asociación ilícita y por ser responsables del delito de lavado de activos de origen delictivo. También se le requirió para ellos el pago de una multa de 1.200.000 pesos para cada uno.

En su alegato, que se extendió durante dos jornadas, la fiscalía detalló la responsabilidad de cada uno de los acusados, sus vínculos con otras organizaciones del narcotráfico tanto en Argentina como en Bolivia y Colombia y también sus nexos con integrantes de las fuerzas de seguridad y hasta con operadores de la justicia provincial y federal.

Dejaron evidencia de que entre todos existió un acuerdo para crear una asociación ilícita con el objetivo de desarrollar actividades ligadas al narcotráfico, con un número indeterminado de hechos, no sólo vinculados al tráfico de estupefacientes, sino también a otros delitos aleatorios. Mencionaron allí las amenazas e incluso el asesinato de Liliana Ledesma, ocurrido el 21 de septiembre de 2006. La mujer había denunciado públicamente que los Castedo usaban la finca El Pajeal para “pasar droga” desde territorio boliviano, pues el campo colinda en el país vecino con una propiedad perteneciente a una hermana.

El líder de la banda era el fallecido exdiputado provincial Ernesto Aparicio

La fiscalía explicó que en sus inicios, el líder de la banda era el fallecido exdiputado provincial Ernesto Aparicio, dueño de la finca El Pajeal. Rápidamente Castedo se posicionó al frente de la organización y asumió el dominio del lugar donde se montó una “aduana privada”.

Los imputados llevaron adelante maniobras destinadas al resguardo de las actividades de narcotráfico y enumeró los pasos dados por la organización para expandir el uso de la frontera, lo que lograron con la compra de la finca El Aybal, con lo que monopolizaron el abastecimiento de droga dentro del país.

Los fiscales indicaron que la organización fue una de las más grandes del país, tanto por el flujo de droga que comercializó como por el nivel de corrupción propagado ya que Castedo no sólo era informado de cada orden de intervención telefónica, sino también contó con la cobertura legal del exjuez federal de Orán Raúl Reynoso.