El Gobierno no acatará el fallo que suspendió la quita de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires
Alberto Fernández se reunió este mediodía con 14 gobernadores (10 en forma presencial y 4 conectados a través de una videoconferencia) para discutir y acordar una postura común respecto al fallo que ayer dio a conocer la Corte Suprema sobre el porcentaje de coparticipación que el gobierno nacional le quitó a la Ciudad de Buenos Aires.
La decisión que se tomó en esa reunión fue no acatar el fallo de la Corte Suprema. La decisión política -que se definió en conjunto- es que ni el Presidente ni los mandatarios entregarán una partida que implique beneficiar a la Ciudad de Buenos Aires y perjudicar al peronismo en sus decisiones de gestión, en lo que será un año atravesado por las elecciones que habrá en todo el país.
El argumento jurídico que utilizan en Balcarce 50 se basa en la ley de cautelares. Específicamente en el artículo 9, donde se indica que “los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma, perturbe los bienes o recursos propios del Estado”.
En la Corte Suprema explican por qué el fallo es aplicable y no tiene sustento el argumento del Gobierno. Sostienen que la tomada no es una medida cautelar que afecte o obstaculice los bienes del estado, sino que el máximo tribunal lo que hizo fue asignar a quienes corresponde esos bienes y recursos del Estado.
En el encuentro de hoy estuvieron en forma presencial Axel Kicillof (Buenos Aires); Gildo Insfrán (Formosa); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Gustavo Bordet (Entre Ríos): Sergio Uñac (San Juan); Ricardo Quintela (La Rioja); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Mariano Arcioni (Chubut); Sergio Ziliotto (La Pampa) y Raúl Jalil (Catamarca). Por videoconferencia se conectaron Jorge Capitanich (Chaco); Oscar Herrera Ahuad (Misiones); Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).
El máximo tribunal, a través de una medida cautelar, resolvió que se entregue al gobierno porteño el 2,95% de la masa de fondos coparticipables. De esa forma terminó con una extensa disputa que comenzó a mediados del 2020, en plena pandemia, cuando el Presidente decidió quitarle un punto de coparticipación a la Ciudad para otorgárselo a la provincia de Buenos Aires.
Esa decisión fue tomada en un momento donde Axel Kicillof enfrentaba un conflicto salarial con la Policía Bonaerense. A las pocas horas el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se presentó en la Corte Suprema y presentó un recurso de amparo para frenar el decreto que había sacado el Presidente.
Con el correr de los días el conflicto dejó de ser entre la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad. Los gobernadores entendieron que el gobierno porteño se estaba quedando con un porcentaje de coparticipación que no debía - que había sido otorgado durante el gobierno de Mauricio Macri - que volvía a la Ciudad más rica de lo que ya es y que les impedía a ellos sumar ingresos coparticipables.
Desde hace largos meses que los gobernadores anticipan - como ejercicio de presión política - que la Corte Suprema iba a fallar a favor del gobierno porteño. Cuando ayer se conoció la resolución, se generó un estallido en el grupo de mandatarios. Creen, en gran medida, que fue un “fallo político” que busca empujar la candidatura presidencial de Rodríguez Larreta.
El alcalde porteño cree lo contrario. Sostiene que el fallo conviene a los gobernadores, porque genera la jurisprudencia necesaria para permitirles asegurarse de que el gobierno nacional, sea cual sea el color político, no pueda quitarles en el futuro porcentajes de coparticipación en forma arbitraria. Dos miradas bien distintas sobre un conflicto que atraviesa al país.