Joyas, autos de lujo y armas: los motivos por los que vuelve la investigación a dueños de la noche salteña

Los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones, integrada por los jueces Ernesto Solá, Luis Renato Rabbi Baldi y Santiago French, desarrollaron en su fundamento de la revocación un amplio análisis del tipo de delito, su evolución y citaron suficiente jurisprudencia para finalmente tomar como fundamento el nuevo artículo 303 del Código Penal, el cual establece una pena de 3 a 10 años de prisión y multa de 2 a 10 veces el monto de la operación.

Se trata de los dueños de los principales locales bailables de la ciudad. En marzo del 2022 habían sido sobreseídos, pero un nuevo fallo revocó esa decisión .

Dicha norma se aplica a las personas que, mediante distintas maniobras de encubrimiento, “convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí”. 

En base a ello, concluyeron en que “si bien el dinero pudo haber tenido un origen lícito por ser producto de una actividad legal, cuando el sujeto activo decidió erosionar indebidamente su tributación, valiéndose para ello de cualquier ardid o engaño y defraudó al Fisco manteniendo el activo logrado dentro de su capital; ese dinero que se mantuvo intacto en su patrimonio fue resultado de la comisión de un delito (Borinsky, Mariano H., “Fraude fiscal”, Ed. Didot, Bs. As. 2013, pág. 425).

En función de ello, encomendaron a la jueza a cargo del caso a proseguir con la “pesquisa”, dándole a la Unidad de Información Financiera participación en la investigación, a fin de que se pronuncie al respecto e incluso solicite medidas, “debiéndose para ello revocar parcialmente el fallo” favorable a los acusados.

Vehículos, inmuebles y una cámara oculta en La Roka donde escondían joyas

El fallo que ordenó reactivar la investigación en torno a una pareja de empresarios que explota los dos boliches con mayor concurrencia en la ciudad, sacó a luz varias perlitas que dan cuenta del enorme volumen de ganancias que deja dicho negocio.

La investigación, impulsada desde la AFIP, tiene como protagonistas principales a Rosa Estela Moreno y José Bernardo Molina, quienes aparecen apuntados como los dueños de la noche salteña, ya que tienen el manejo de los dos boliches bailables más populares de la ciudad.

En el fallo emitido por la Cámara Federal de Apelaciones, el que ordena reactivar la investigación financiera contra ambos acusados por lavado de activos, resaltan varios informes, tanto de orden contable como referenciales, en los que se expone la relación de Moreno y Molina, entre sí y con otros familiares y empleados que, presuntamente, se trataría de “presta nombres” y cómplices en las maniobras que se habrían llevado adelante para evadir el fisco.

En uno de ellos, la AFIP concluyó que “los dos de los locales de esparcimiento nocturno más importantes de esta ciudad (“La Roka” y “Salón”) se encontraban siendo explotados por sociedades que, a pesar del éxito de esos boliches, no determinaban impuestos en la medida correspondiente y cuyos titulares reunían todos los requisitos de los “prestanombres”, apuntando a la sociedad conyugal conformada por Rosa Estela Moreno y José Bernardo Molina como los verdaderos propietarios y responsables”. 

También “enfatizó que las sociedades investigadas omitieron presentar en tiempo y forma las declaraciones juradas relativas a los impuestos correspondientes”, como así también se describió como distintas firmas asumían la explotación de los locales, teniendo como común denominador la insolvencia de los socios, la mayoría de los cuales guardaban parentesco con los acusados.

No obstante, para la AFIP “las decisiones relacionadas a los negocios en general eran tomadas en todos los casos por Molina, con indiferencia de quienes sean los socios de las diferentes firmas”. Como prueba de ello, se Indicó que “del Registro de Mandatos del Poder Judicial de la provincia surge el historial de las empresas que estuvieron a cargo de la explotación de “Salón” y los sucesivos poderes que fueron otorgados a favor de Molina y Moreno como administradores “ocultos” de ese local bailable”.

Respecto de “La Roka”, en tanto, se expuso que fue explotada en sus inicios (2011) por la firma Fran.Ber.Sol S.A. (a cargo de Pablo A. Molina y Juan P. Toconas) y continuada sucesivamente por Codoval S.R.L., Mo.Tre.Mo S.R.L. (ambas integradas por Nicolás A. Moreno Miranda e Inés del C. Moreno) y Bem S.A. (cuyos titulares son Aldo G. Chacón y Miguel A. Moreno, aunque fuese constituida por los imputados Moreno y Molina, figurando este último en la nómina de empleados)”. 

Destacó que “la coincidencia entre los integrantes de las sociedades constituidas a través del tiempo y las características de insolvencia de todos ellos, permite inferir que tales empresas fueron creadas al solo efecto de ocultar a los verdaderos titulares y así evitar el pago de los impuestos correspondientes”. 

Entramado familiar, todos prendidos 

En otro reporte, la AFIP realizó una breve reseña de la maniobra denunciada consistente en que “los contribuyentes Molina y Moreno, junto a otras personas, habrían formado parte de una asociación ilícita fiscal mediante la cual, a través de la utilización de estructuras jurídicas aparentes, encubrieron la realidad económica de la explotación de sus establecimientos comerciales y su verdadera titularidad, evadiendo el cumplimiento de obligaciones tributarias”.

También resumieron las tareas de fiscalización llevadas a cabo por ese organismo sobre las distintas personas, sociedades y locales bailables involucrados, para concluir en que “la explotación de los boliches “Salón” y “La Roka” se realiza desde los años 1993 y 2002 -respectivamente- a cargo de sociedades constituidas por Moreno y Molina con terceras personas vinculadas familiarmente a ellos”.

Se remarcó, a su vez, que “las sociedades se encontraban integradas por personas insolventes, sin capacidad financiera, todos ellos vinculados con Molina y Moreno, ya sea por desempeñarse en relación de dependencia, o por ser familiar de alguno de ellos, añadiendo que no poseen bienes (o son de escaso valor) ni cuentas bancarias, siendo utilizadas poco tiempo y reemplazadas permanentemente”. 

Allanamientos escandalosos

En vista de los elementos probatorios reunidos, el 23 de abril de 2018 se allanó el domicilio particular de Molina en barrio Santa Ana II, donde “se secuestró un arma de fuego calibre 25 mm. 69 municiones -tres de ellas dentro del artefacto-, 3 vainas servidas y los respectivos cargadores, junto con documentación varia”.

Al allanarse el domicilio donde residiría Moreno y sus hijos en el Club de Campo Ojimoro (en el que se encontraba Molina), se incautó diversa documentación, elementos de electrónica, 2 reales, relojes marca Paco, Citizen Quartz, Corona, JEB 18K, seis pares de aros, nueve anillos, siete pulseras y cuatro cadenas.

“También se secuestraron dos camionetas Chrysler y Mercedes Benz Viana (ambas propiedades de Bem S.A), quedando Molina y Moreno detenidos. Del mismo modo, se allanó el local bailable “Salón”, del que se secuestraron 58.265 pesos, documentación varia, un cargador con municiones 9 mm., varias computadoras y siete documentos nacionales de identidad de diversas personas”.

En el inmueble donde se asienta “La Roka”, en tanto, se encontraron “dos cajas fuertes con un total de $1.807.541, U$D 148 y € 10, divisándose un orificio en una de las paredes de la oficina denominada “directorio” que conduce a un ambiente en el que había otra caja fuerte que tenía en su interior tres cajas con joyas cuyo valor a fecha del procedimiento se estimó en $ 6.700.180”. En el lugar, también se secuestró información en soporte magnético y se incautaron dos vehículos Hyundai H-1 y Mercedes Benz Sprinter.

En el expediente, la AFIP incorporó un esquema precisando el vínculo que “une a  Molina y Moreno con el resto de los investigados, sus roles dentro de las sociedades que integraban, datos de esas firmas societarias (Codoval S.R.L., Bem S.A., Hidelcor S.R.L. y En.Gen.Cor S.R.L.), de las empresas (“Salón”, “La Roka”, “Line Out”, una vinería a inaugurar, “Producciones” dueña de dos conjuntos de música, un emprendimiento para instalar un hotel en finca “La Hoyada” y el edificio “20 de Febrero” destinado a oficinas)”.

Además de ello, refirió otras propiedades involucradas (residencias familiares de av. Belgrano al 200 y “Club de Campo Ojimoro”, domicilios de Molina en B° Santa Ana II y Portezuelo Norte, inmuebles de “La Roka” en av. Paraguay N° 2350 -y terrenos lindantes que funcionarían como estacionamiento-, “Salón” y “Line Out” en Tres Cerritos, además de finca “La Hoyada” a 14 km de Coronel. Moldes, una vinería a inaugurar, entre otras numerosas inversiones.