Familia de estafadores: Prometían una casa que nunca llegaba

La justicia dio con una familia de estafadores que mediante documentos falsos operaban con transacciones inmobiliarias. Por las denuncias de estafas reiteradas la Unidad de Delitos Económicos Complejos, a cargo de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, desbarató a fines de noviembre último una banda integrada por siete personas, entre ellas 4 hermanos, los cuales aún permanecen detenidos.

De acuerdo a ElTribuno, la banda a través de diferentes mecanismos como la adulteración de boletos de compra venta, cesiones de derecho y operaciones a través  de escribanías que "solo certificaron firmas" a la hora de concretar los fraudes, cometió estafas de todo tipo con la venta de inmuebles desde el año 2018.

A partir de las denuncias y posterior investigación fiscal, la banda estaba encabezada por cuatro hermanos de apellido Córdoba: Luz Florencia Analía Córdoba; Noelia Maribel Milagro Córdoba; Carlos Mauricio Córdoba y Jesús Esteban Córdoba.

En la investigación, que pasó al Juzgado de Garantías Nº 2 a cargo de Ignacio Colombo, también aparecen otros nombres en el entorno familiar como Celina Frías (madre de los hermanos Córdoba) y José Facundo Figueroa Sánchez (hijastro de Frías), por lo que la actividad delictiva tenía las características de un próspero "negocio familiar".

Las denuncias dan cuenta de que los estafadores llegaron a una pareja de ancianos en Santa Victoria Oeste, por cuestiones de salud la pareja vendió todas sus pertenencias con el objetivo de radicarse en Salta Capital. De esta forma dejaron todo atrás, pero en Salta fueron captados por la familia de estafadores que buscaba a sus víctimas a través de las redes sociales.

Santos Gregorio Martínez firmó un boleto de compra venta por un terreno ubicado en el barrio San Benjamín, sobre la ruta 21. Juntó la plata de las ventas de su casa y su ganado en Santa Victoria y el esforzado ahorro de su pequeña jubilación; el dinero de toda su vida. El acuerdo fue firmado por uno de los integrantes de la banda en una escribanía de Salta capital, pactándose el pago del inmueble en la suma de 300 mil pesos. Martínez entregó en ese acto $150.000 de contado y en efectivo, con el compromiso de pago mensual de 30 cuotas de $5.000 cada una hasta saldar el monto acordado.

Los estafadores efectuaban el cobro mensual mediante cadetería, aunque en algunas ocasiones fueron a buscar el dinero a la casa de una de las hijas de Martínez. Pasado un tiempo desaparecieron. 

Luego de ese aporte inicial, en noviembre de 2018, los pagos se efectuaron en forma mensual de acuerdo a lo pactado, pero cuando solo faltaba una cuota para terminar el plan los acusados desaparecieron, cambiando el domicilio de las oficinas donde atendían y nunca más respondieron a los llamados telefónicos de la víctima.

Desde aquel momento una de las hijas de Martínez encaró las denuncias contra los estafadores, pero aquejada por un problema de salud, muy probablemente relacionado con esa situación, la mujer falleció en 2021. Otra hija tomó el caso de la estafa contra los ancianos.

Los estafadores se manejaron con tanta impunidad que el fraude no solo se conformó con el golpe inicial del pago en efectivo, sino que también tuvieron tiempo de establecer un mecanismo de financiamiento a través de la entrega de recibos con la firma de supuestos operadores inmobiliarios.

La estafa guarda la particularidad de haberse concretado con un supuesto terreno en el barrio San Benjamín, loteo que, por otro lado, tiene denuncias sobre falencias documentales. Esta situación parece haber sido aprovechada por los estafadores, ya que operaron de la misma manera en otros loteos y empredimientos en quiebra.

Para el caso de la víctima, el jubilado Martínez, las cuotas pagadas aparecen en recibos con el membrete de la firma L& E Asociados, firmados por Luz Córdoba, una de las personas detenidas.

Los cobradores iban rotando y las denuncias señalan que se trataba de personas distintas que a lo largo de 29 meses pasaron a cobrar la cuota de $5.000 por el domicilio de la hija de la víctima.

Cuando faltaba la última cuota, informaron sobre el cambio de domicilio de la "inmbobiliaria" y desaparecieron de todos los lugares, registros y teléfonos.