La Provincia mantiene las gestiones para que Nación retome el financiamiento de un conjunto de obras públicas que están paralizadas desde diciembre pasado a pesar del compromiso asumido por la anterior administración central.

Entre las prioridades presentadas a las Secretarías de las Provincias y de Obras Públicas figuran la continuidad de la construcción de más de 2.000 viviendas, el alteo de dique El Limón, la autopista de la ruta nacional 9 /34 entre Rosario de la Frontera – Yatasto, la pavimentación de la Ruta Nacional 40 entre Seclantás - Molinos, un nuevo puente para Vaqueros y la Ciudad Judicial de Orán.

El tema fue tratado durante una reunión que los ministros mantuvieron esta mañana en Casa de Gobierno. Esto se dio luego del encuentro que los titulares de Infraestructura y Economía y Servicios Públicos, Sergio Camacho y Roberto Dib Ashur, llevaron adelante la semana pasada en Buenos Aires.

El ministro Camacho, quien también tiene a su cargo la Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas, informó la decisión de finalizar la construcción de 17 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) con presupuesto provincial, al igual que la obra del alteo El Limón en el departamento San Martín. También comentó que se analiza la instrumentación de un sistema de ahorro previo para dar continuidad a la construcción de viviendas.

Por otro lado, el titular de la cartera de Salud Pública, Federico Mangione, informó que analiza la presentación de una acción judicial ante la Corte Suprema de Justicia por la cantidad de recursos que Nación dejó de enviar para diferentes sectores como pacientes oncológicos, insumos y reactivos, entre otros, imprescindibles para diagnósticos, tratamientos de enfermedades y para prevención.

Por último, Dib Ashur informó sobre el envío a la Legislatura del proyecto de Ley de Administración Financiera, instrumento “para que las cuentas salteñas tengan mayor control, mayor eficiencia en la toma de decisiones, y para contar con información sistemática de todas las áreas juntas".

En la Puna salteña, y ante el auge de la actividad minera, el Gobierno estudia habilitar un puesto de control en el que interactuarán las áreas de Rentas, Producción con controles fitosanitarios, Vialidad, Seguridad Vial, Policía, Trabajo y Minería.