Las pruebas de la Justicia contra dirigentes sociales: "Como no marcharon, no retiran mercadería"

27 allanamientos fueron ordenados por la Justicia argentina en una causa que investiga a dirigentes sociales por extorsionar a beneficiarios de planes. Las denuncias contra los acusados fueron recibidas a través de la línea 134, una línea específica para estos casos.

Las medidas judiciales establecidas involucran a referentes del Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha. En la causa que instruyó el fiscal Gerardo Pollicita los propios beneficiarios de planes sociales declararon ante sede judicial y aportaron sus propios chat y mensajes donde se probó la extorsión para concurrir a las marchas.

De estas declaraciones y pruebas se pudo establecer que dirigentes de organizaciones sociales desplegaron un sistema de cobra de porcentajes del Potenciar Trabajo, además de extorsionar y amenazar a los beneficiarios con "quedarse sin su plan" en caso de no hacer los aportes.

"No van a retirar la mercadería porque no marchan" : las pruebas de la Justicia contra los dirigentes sociales

En el expediente hay diferentes pruebas. Una de estas ocurrió con una mujer identificada como Patricia Iramain, una delegada que en un chat informa quiénes son los que no van a poder pasar a retirar la mercadería ya que no fueron a las marchas.

Los cuestionados son el referente de ese comedor, Iván Ezequiel Candotti (DNI 39.467.810), que trabajaba en el lugar junto con Patricia Iramain (DNI 33.610.521), Brisa Paucara Choque (DNI 44.449.698), Ronald Vargas (DNI 94.084.123) y Elizabeth Galindo (DNI 93877840). Todos involucrados en el caso.

Otra de las pruebas que se puede encontrar en el expediente es que los beneficiarios tienen que justificar por qué no van a la marcha. En otro de los chats se puede ver cómo un hombre denominado Gustavo Vasquez solicita a quienes no fueron a la movilización de las organizaciones que entreguen un certificado médico que justifique su ausencia.

En otro tramo del expediente, el fiscal concluye en que se implementó un sistema de control y de sanciones sobre las víctimas, que incluyó la toma de asistencia a las "movilizaciones", la confección de "listas de castigados" que debían "reparar" su acción mediante el cumplimiento de nuevas tareas, la imposición de multas por faltar a una "marcha" de hasta $10.000 por cada ausencia, la exigencia de "justificar" las ausencias a las "movilizaciones" con "comprobantes" de los respectivos impedimentos turnos médicos, trámites, etc, y la prohibición de retirar raciones de comida o alimentos no perecederos por plazos determinados, según cada "incumplimiento", entre otros mecanismos.