Cuál es el plan del Gobierno para lograr la reducción de empleados públicos

El Gobierno de Javier Milei reglamentará -por decreto- el capítulo de empleo público de la Ley de Bases y avanzará en el plan de reducción de planta, que se sumará a los 22.000 despidos en el Estado. Consistirá en un programa para incentivar el pase a las empresas privadas de empleados en situación de disponibilidad.

El plan fue terminado de elaborar por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y contempla la incorporación de un examen de ingreso que se sumará al concurso público ya existente. Con lo cual habrá dos instancias evaluatorias, para el ingreso laboral al Estado.

El plan de Federico Sturzenegger para reducir empleados públicos
En tercer lugar, el Gobierno nacional no pagará más los haberes de los funcionarios adscriptos a las provincias o a los municipios, porque esos salarios los tendrán que pagar las jurisdicciones que emplearán al funcionario adscripto.

"Por ahora, no existe un número de empleados estimados para reducir, ni tampoco se sabe qué organismos afectará, o cuantos en cada organismo. Sólo se sabe que está la decisión política de avanzar", dijo a iProfesional un funcionario de trato diario con Federico Sturzenegger.

El paper que circula en el Ministerio de Desregulación con el título "Reglamentación del capítulo de empleo público de la Ley Bases", incluye 3 ejes:

Mejoras en el régimen de disponibilidad

Examen de ingreso

Cambio en el régimen de adscripciones

Seguramente la medida disparará nuevos conflictos con el gremio de estatales, la Asociación de Trabajadores del Estado, que encabeza Rodolfo Aguiar y que viene de denunciar en reiteradas ocasiones despidos masivos en la administración pública. En Casa Rosada aseguran que hasta el momento la cantidad de despidos del sector público es de 22.000 agentes.

En su mayoría, aseguran, corresponden a empleados que tenían contrato temporario por 180 días que se renovaba cada semestre o cada año. En rigor, estos contratos temporarios con excepción al artículo 9 de la Ley de Empleo Público, que exigía el ingreso por concurso, fueron una herramienta que se utilizó desde el gobierno de Carlos Menem para ingresar empleados sin darles la condición de empleados de planta permanente.

Empleo público: de Néstor Kirchner a Javier Milei

De ese modo, se mantenía estable la planta permanente, pero los funcionarios se mantenían con una estabilidad precaria y en su mayoría desarrollaba trabajos a la par de los empleados de planta permanente. En cambio, durante el gobierno de Néstor Kirchner, desde 2003, estos contratos se fueron utilizando para pagar favores políticos.

De ese modo, se generaba una plana de empleados militantes que en muchas ocasiones hacía trabajo de militancia y no de servicio público correspondiente al área. Esa misma práctica se profundizó durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Durante el gobierno de Mauricio Macri se intentó racionalizar la planta de empleados con contrato temporario, pero sólo se redujeron unos 10.000, lo cual no significó un cambio sustancial en una administración que tenía 750.000 empleados públicos si se cuentan las empresas y los organismos descentralizados. Hasta la asunción de Milei ese número se mantenía en forma estable porque la gestión de Alberto Fernández sumó miles de empleados.

De ese modo, Sturzenegger pretende reducir sustancialmente la planta de empleados, pero al agotarse la cantidad de contratos temporarios que se pueden reducir, comenzará a buscar la manera de incentivar los retiros y los pases a disponibilidad con derivación a empresas privadas. De ese modo, los trabajadores públicos no serían despedidos.

De todos modos, el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, anunció estos dias que se sumará a la gran convocatoria y movilización que los movimientos sociales y la CGT convocarán para el 7 de agosto próximo en la basílica de San Cayetano, en Liniers. La marcha será masiva porque existe clima de movilización por la recesión económica.

Mientras tanto, Sturzenegger avanzará en la reglamentación por decreto de la Ley Bases en el capítulo de Empleo Público. Según confiaron a iProfesional sus allegados, el primer punto será el de "Mejoras en el régimen de disponibilidad".

Respecto de este régimen, el Gobierno evalúa otorgar facilidades a las empresas que tomen personal que está en situación de disponibilidad. Los empleados que están en ese estatus tienen derecho a mantener la cobranza del salario pese a que se lo desvincula de las tareas. "No se piensa en un subsidio, no son fondos adicionales que salen del Tesoro, porque el régimen de empleo público ya contempla el pago del salario", dijo una fuente cercana a Sturzenegger.

En realidad, se está barajando la posibilidad de implementar un esquema para que, durante un período de hasta 12 meses, el trabajador que esté en disponibilidad pueda, por su propia voluntad, aplicar los recursos que perciba como pago de su salario a cuenta del salario que le podría pagar una empresa privada que lo contrate.

Sturzenegger aclaró que "cuando se fusionan o se reestructuran organismos, a la gente que está bajo el régimen de disponibilidad se le protege el salario durante ese período y después se le da una indemnización". En este caso se incentivaría la derivación a una empresa privada. Incluso podría haber gestiones ante las empresas para que absorban empleados públicos calificados en sus plantas.

Examen de ingreso y adscripciones: los cambios que prepara el Gobierno
El segundo aspecto de la reglamentación del Ministerio de Desregulación concierne al "Examen de ingreso". En la actualidad, existe el régimen de ingreso por concurso público para todos los funcionarios de planta permanente.

"El examen de ingreso será objetivo, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora, para evitar la manipulación política", dice el paper que circula en Desregulación. La novedad es que será una instancia adicional de evaluación al concurso que ya existe y que no se eliminará.

El tercer punto de la reforma de Sturzenegger será el "Cambio en el régimen de adscripciones". En muchas oportunidades, los organismos nacionales derivan funcionarios hacia provincias o municipios para cumplir tareas específicas y la Nación les sigue pagando el sueldo. "El cambio en cuanto a las adscripciones, es el siguiente: el sueldo lo pasará a pagar la provincia o el municipio", señala el documento reservado.

Un funcionario ratificó a iProfesional que hasta ahora el Gobierno le seguía pagando el salario a un empleado que pasaba a trabajar para una provincia, un municipio o a otro poder del Estado nacional. A partir de esta modificación, para quienes pasen a desempeñarse en otra jurisdicción, el salario quedará a cargo de ese gobierno provincial o municipal.