La Defensoría General de la Provincia aporta en el debate por los Juicios por Jurados

La provincia de Salta está dando un paso clave hacia la posible implementación de los Juicios por Jurados, un sistema que busca democratizar la justicia penal y darle mayor protagonismo a la ciudadanía en la toma de decisiones judiciales.

Dándole seguimiento a su tratamiento legislativo, el Senado inició el análisis del proyecto con un encuentro ampliado de comisiones. El mismo fue encabezado por los senadores Javier Mónico y Jorge Soto, contando con la participación del vicepresidente primero del cuerpo, Mashur Lapad y de los senadores, Walter Cruz, Alejandra Navarro, Sonia Magno, Carlos López, Dani Nolasco, Héctor Calabró, Luis Altamirano, Esteban D’Andrea, Gonzalo Caro Dávalos, Enrique Cornejo y Walter Wayar. Por la Corte asistieron, Fabián Vittar y Adriana Rodríguez Faraldo y por el Ministerio Público el Defensor General, Martín Diez Villa, junto al coordinador del área penal, Jorge Luis Musa.

En este marco, el Defensor General de la Provincia, Martín Diez Villa, expuso su postura respecto al proyecto de ley que podría transformar la manera en que se dictan sentencias en casos penales.

El proyecto en debate, que ya ha sido aprobado en otras provincias de Argentina, propone que en casos de delitos graves, un jurado compuesto por ciudadanos decida la culpabilidad o inocencia del imputado, en lugar de que lo haga exclusivamente un juez. Este modelo, inspirado en el sistema judicial de distintos países, se presenta como una manera de garantizar una justicia más transparente y cercana a la comunidad.

Unanimidad en el veredicto y Garantía de Inocencia 

Durante su intervención en el Senado, el Defensor General Martín Diez Villa destacó algunos aspectos fundamentales que considera cruciales para el correcto funcionamiento de este sistema.

En primer lugar, Diez Villa hizo énfasis en la necesidad de unanimidad en el veredicto. Según su postura, tal como ocurre en el sistema judicial estadounidense, es fundamental que el veredicto del jurado sea unánime, es decir, que todos los miembros del jurado coincidan en su decisión sobre la culpabilidad o inocencia del acusado.

“En un juicio por jurados, la justicia no puede ser dictada por una decisión mayoritaria. Si tan solo uno o dos jurados no están de acuerdo con el veredicto, se debe considerar que persiste la duda razonable”, afirmó el Defensor. Para Diez Villa, la duda razonable debe si no existe consenso total entre los miembros del jurado, por lo que no se debería condenar al imputado, ya que no se desvirtúa el principio de inocencia.

En su exposición, Diez Villa también subrayó que la unanimidad en el veredicto actúa como una garantía para el imputado.

"El principio de la duda razonable está directamente vinculado con el estado de inocencia del imputado. Si uno de los jurados no está convencido de la culpabilidad más allá de toda duda razonable, se debe absolver al imputado", explicó Diez Villa

De acuerdo con la normativa vigente en otras jurisdicciones que han implementado los juicios por jurados, un veredicto de culpabilidad requiere que todos los miembros del jurado estén de acuerdo. En este sentido, Salta seguiría el mismo principio que países con sistemas judiciales de renombre como Estados Unidos, donde la unanimidad es un requisito indispensable para la condena.

El proyecto de ley que promueve los juicios por jurados en Salta se encuentra en una etapa crucial de discusión en la Legislatura provincial. A medida que los legisladores profundizan el debate, la intervención de actores clave como el Defensor General resalta la importancia de asegurar la imparcialidad y el respeto a los derechos fundamentales del imputado.

De aprobarse, Salta sería parte de un cambio profundo en el sistema judicial, permitiendo que los ciudadanos sean jueces de los delitos más graves, pero siempre garantizando la justicia a través de un proceso transparente, imparcial y respetuoso con los derechos humanos.