Matemáticas, leyes y lengua: cómo es el examen de “idoneidad” para empleados públicos

Antes de viajar a Río de Janeiro para sumarse a la comitiva de Javier Milei en el G20, Federico Sturzenegger ordenó subir a la web del Gobierno un instructivo y una suerte de guía de estudios para el “examen de idoneidad” para los cerca de 40 mil empleados transitorios de la Administración Pública cuyos contratos se terminan el 31 de diciembre.

“Se tomarán aproximadamente 2000 exámenes por día y la gente que se contrate a partir del 1° de enero también va a pasar por eso”, había anunciado el vocero presidencial Manuel Adorni el 10 de octubre.

Cuarenta días después, el Gobierno dio precisiones sobre el examen y los contenidos que le interesa evaluar. El flamante Sistema de Evaluación Pública (SEP) se incluyó en el decreto reglamentario del capítulo sobre empleo público de la ley Bases.

En el Ejecutivo señalan que el examen -al que deberán inscribirse de manera virtual a partir de diciembre y será presencial, digital y anónimo- no será igual para todo el universo de empleados del sector público. Habrá tres tipos de evaluaciones orientadas para empleados de “servicios generales”, “administrativos” y “profesionales”. En otras palabras, los contenidos no serán los mismos para personal de maestranza o para cargos técnicos, por citar un ejemplo.

También señalan que los criterios para seguir recortando la planta estatal no dependerán de la prueba. Desde el inicio de la gestión de Milei se discontinuaron cerca de 31 mil contratos. Centenares de ellos trabajaban desde hace años en el Ejecutivo, en una dinámica que trasciende administraciones de todos los colores.

Según la web oficial, los primeros en rendir el examen serán los empleados del Estado que desarrollan sus tareas en el AMBA. A partir de 2025 se completaría la nómina.

Los tres ejes que los empleados deberán contestar serán sobre Comprensión Lectora, Razonamiento Lógico-Matemático y Administración Pública Nacional. Este último solo estará dirigido a profesionales.

Los empleados contarán con tres turnos para aprobar el examen, aunque en el Ejecutivo no aclaran cuál será el porcentaje de respuestas correctas para superar el test.

En el Gobierno saben que -más allá de la resistencia de los gremios de estatales- el universo de empleados es tan amplio que es imposible que las pruebas se completen antes del 31 de diciembre. Destacan que a todos aquellos a los que se les renueve el contrato a partir del 1 de enero de 2025 y por tres meses también deberán someterse al examen.

Los exámenes se rendirán de manera presencial en las dependencias donde estos cumplen sus tareas y no se habilitará el uso de teléfonos celulares, aunque se permiten calculadoras que no necesariamente resultarán útiles. En caso de no poder asistir a uno de los turnos, los empleados tendrán que anunciarlo con 72 horas de anticipación.

El ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Sturzenegger también sumó entre los contenidos web una suerte de “guía de estudio” con preguntas similares a las que podría tomar en el examen.

En el examen para Servicios Generales que figura como ejemplo se incluyen 15 preguntas de lecto-comprensión con sus respuestas correspondientes. “El Gobierno no quiere perjudicar a los trabajadores”, reiteran en despachos oficiales.

Entre los contenidos para Razonamiento Lógico Matemático se incluyen las pruebas PISA para estudiantes de escuelas secundarias y otros módulos.

Para los contratados en Servicios generales, los exámenes serán menos complejos, como pedir que orden una secuencia numérica. Para los administrativos se incluirán problemas de proporcionalidad numérica y estadística.

El eje sobre Administración Pública estará solo destinado a administrativos y profesionales incluirá preguntas sobre el código electoral, la ley de ética pública, la ley de procedimiento administrativo y la ley de administración financiera.

Entre las 20 preguntas de multiplice choice de modelo se cuentan desde los requerimientos para una reforma constitucional, sobre cuáles son los órganos de control del Estado o los tipos de nulidades que pueden tener los actos administrativos. /Clarín