¿Libertad de expresión o delito? Cuáles son los límites legales en la causa de intimidación pública
La causa por intimidación pública en redes sociales seguida contra tres miembros de una aparente productora por generar y difundir material audiovisual en perjuicio de empresarios y dirigentes políticos, sigue generando gran conmoción en la sociedad.
El abogado Federico Vanni, en diálogo con InformateSalta, explicó que, en primer lugar, es fundamental determinar el objetivo de la publicación, es decir, si se trató de una extorsión, amenaza, o intento de desacreditar a un funcionario o figura pública.
“Es importante comprender no solamente qué es lo que se hizo, sino qué hay atrás de esa publicación de imágenes"
En relación a la libertad de expresión, explicó que "como todo derecho, no es absoluta; siempre tiene un límite, y ese límite se encuentra cuando entra en conflicto con el derecho de otra persona". "Uno tiene el derecho de decir lo que quiera, pero siempre que no afecte a los derechos de los demás", expresó.
"Si lo que se expresa vulnera, por ejemplo, el derecho al honor, a la dignidad, al buen nombre o a la propiedad de otro, entonces se estaría cruzando ese límite, y en ese caso, la persona afectada tiene el derecho de reclamar", agregó.
"La libertad de expresión no puede perjudicar los derechos de los demás"
Con respecto a las publicaciones que apuntaban a figuras políticas, explicó que este tipo de contenido además de afectar el honor de las personas, puede también incurrir en la "teoría de la real malicia", donde se publican noticias falsas con conocimiento de que no son reales.
El abogado también se refirió a las penas estipuladas por este tipo de delitos, como injurias o calumnias, que suelen ser menores, y comentó que las víctimas pueden exigir una retractación pública o iniciar un juicio para una reparación civil.
En el caso de amenazas, señaló que las penas son más graves, aunque aún en estos casos la prisión es poco probable.
En cuanto a la identificación de los autores, explicó que, a pesar de que los perfiles sean anónimos, las herramientas tecnológicas actuales permiten rastrear la información mediante direcciones IP o el IMEI de los dispositivos utilizados, lo que facilita la identificación de los responsables.
El caso sigue siendo investigado, y los tres imputados enfrentan cargos mientras se analizan los detalles del material publicado en redes sociales.