El “Rey del Tabaco” fue denunciado por el Gobierno por lavado de dinero

Pablo Otero, conocido como el "Señor del tabaco" por su influencia en la industria, enfrenta una nueva causa judicial tras ser denunciado por presunto lavado de dinero. La denuncia fue presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) y quedó en manos del juzgado a cargo de la jueza María Servini, quien deberá determinar si se avanza con la investigación contra el titular de Tabacalera Sarandí.

Otero es un empresario que ha ganado notoriedad en el sector tabacalero en los últimos años, en parte por su crecimiento comercial y en parte por las múltiples causas en su contra. Su expansión en el rubro estuvo asociada a la utilización de medidas cautelares que le permitieron postergar el pago del impuesto mínimo al tabaco. Sin embargo, esta estrategia se vio afectada en 2023, cuando la Corte Suprema lo obligó a regularizar su situación tributaria.

La actual denuncia de ARCA se basa en un informe elaborado por la División de Fiscalización Externa de la Dirección de Grandes Contribuyentes, que examinó las operaciones de Tabacalera Sarandí entre 2021 y 2023. El foco estuvo puesto en las ventas de las marcas Red Point, West, Kiel y Master.

Durante la fiscalización, se detectaron diversas inconsistencias que apuntarían a maniobras de lavado de activos. El organismo denunció que, en ese período, la empresa vendió cigarrillos por más de $33.632 millones a 23 distribuidores mayoristas que presentaban "un perfil fiscal irregular y sin capacidad operativa real".

Los auditores señalaron que las compañías compradoras no contaban con estructura física ni empleados registrados, y que sus pagos se realizaban en efectivo o mediante depósitos que dificultaban seguir el rastro del dinero. Además, emitían facturas por montos similares al precio de compra, lo que —según el informe— "sugiere una baja rentabilidad y la posible simulación de actividad comercial".

Según ARCA, las operaciones estaban destinadas a disfrazar movimientos de dinero en negro: “No se han aportado documentos ni información suficiente que justifique el origen de los fondos empleados por las distribuidoras para afrontar dichos pagos, lo que impide llevar una adecuada trazabilidad del dinero”, sostiene la denuncia.

Para el organismo, estas 23 distribuidoras actuaban como “usinas” para canalizar fondos provenientes del circuito informal hacia el sistema formal, beneficiando de forma directa a Tabacalera Sarandí.

Este nuevo proceso se suma a otra causa en curso que involucra a la empresa de Otero, radicada en Mar del Plata. Allí, el juez federal Santiago Inchausti investiga la presunta falsificación de estampillas fiscales y la venta de cigarrillos con etiquetas apócrifas, lo que constituiría una maniobra para evadir impuestos. En esa causa ya fueron indagados empresarios que comercializaban cigarrillos presuntamente adulterados.

La investigación se remonta a 2019, cuando una inspección de la entonces AFIP detectó en kioscos de la costa bonaerense la venta de cigarrillos de marcas como Bronway (PIER y Dolchester) y Red Point con estampillas falsas. Uno de los locales, ubicado en Santa Clara del Mar, contaba con un volumen de mercadería suficiente como para abastecer buena parte de Mar del Plata. Parte de esos productos luego eran trasladados a otras ciudades, como Tandil.

Otero consolidó su posición en el negocio del tabaco a partir de 2018, cuando dejó de abonar el impuesto mínimo establecido por el gobierno de Mauricio Macri. Su argumento era que la carga impositiva era inconstitucional y confiscatoria, especialmente para una empresa con productos de menor precio que las marcas líderes.

Esa estrategia le permitió a Tabacalera Sarandí crecer rápidamente y captar una porción significativa del mercado. De acuerdo con un informe de la consultora ABECEB, la empresa pasó de tener un 5,6% de participación en 2016 a alcanzar el 38,4% en 2023. /Clarín