El gasto social evitó que millones cayeran en la indigencia, según la OPC

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso reveló que sin las transferencias de AUH, Prestación Alimentar y Plan 1000 Días la indigencia sería 82% más alta. La asistencia impidió que 2,6 millones de personas atravesaran la línea de pobreza extrema en 2025.

Las políticas de transferencia de ingresos destinadas a la niñez y la adolescencia actuaron este año como uno de los pocos frenos efectivos frente al deterioro social. Un relevamiento de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) determinó que, sin el paquete compuesto por AUH, Prestación Alimentar y Plan 1000 Días, la cantidad de personas en indigencia sería un 82 por ciento mayor. Eso equivale a 2,6 millones de hogares y familias que, de no existir estas herramientas, habrían caído por debajo de la capacidad mínima de subsistencia.

El informe destaca que estos programas funcionan como un “piso de ingresos” para los sectores más vulnerables, especialmente en un contexto de fuerte presión inflacionaria y pérdida del poder adquisitivo. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la OPC analizó la evolución real de las prestaciones y concluyó que, más allá de su impacto distributivo, el sostenimiento de la red de protección fue decisivo para amortiguar la emergencia social.

La incidencia de estas políticas también se refleja en la magnitud del universo alcanzado: más de 7,4 millones de beneficios se otorgaron en 2025, frente a los 4,7 millones registrados en 2009. La expansión confirma que el entramado de asistencia creció de manera sostenida, ocupando cerca del 1 por ciento del PBI y constituyéndose en uno de los pilares del gasto social nacional.

Ganadores y perdedores frente a la inflación

El estudio de la OPC analiza cómo cada prestación enfrentó el avance inflacionario. En el caso de la Asignación Universal por Hijo, el informe identifica una recuperación significativa del poder de compra desde fines de 2023, producto de un incremento inicial del 100 por ciento y, sobre todo, de su indexación mensual por el Índice de Precios al Consumidor. Este mecanismo permitió que la AUH mantuviera su valor real y funcionara como una herramienta más previsible para los hogares.

Situación muy distinta muestra la Prestación Alimentar, cuya actualización no depende de una fórmula automática sino de decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo. Según la OPC, este esquema derivó en incrementos insuficientes que no lograron acompañar el ritmo inflacionario, provocando una pérdida sostenida del poder adquisitivo y debilitando su capacidad para complementar el ingreso familiar. El contraste entre ambas políticas refleja cómo la institucionalización de mecanismos de ajuste puede determinar la efectividad de un programa en contextos críticos.

El Plan 1000 Días aparece como un caso intermedio, pero con resultados positivos. Tras un aumento nominal del 500 por ciento en 2024, su valor real se mantuvo estable y robusto durante 2025. La OPC sostiene que esta prestación logró proteger a mujeres gestantes y recién nacidos, un segmento particularmente sensible a los shocks económicos.

Una red social en expansión pero con límites estructurales

Aunque la cobertura social mostró un crecimiento considerable en los últimos quince años, el informe advierte que esta expansión responde más a la necesidad de contención ante una población creciente en vulnerabilidad que a la consolidación de un sistema universal. La OPC plantea que el sostén del andamiaje social depende cada vez más del aumento de beneficiarios, en un contexto donde la estructura económica no genera alternativas suficientes para reducir la dependencia de la asistencia.

El organismo advierte que la capacidad de los programas para evitar que millones de personas caigan en la indigencia es innegable, pero su éxito como estrategia paliativa no resuelve los factores estructurales que reproducen la pobreza extrema. Para que la red de protección deje de actuar como reemplazo de ingresos laborales, será necesario un sendero de crecimiento capaz de generar empleo formal y mejorar los salarios reales.

El informe concluye que el Estado evitó un agravamiento dramático en los indicadores sociales, pero que la estabilidad de este esquema requiere un equilibrio fiscal sostenible y políticas económicas capaces de traccionar actividad. Mientras tanto, las herramientas de ingreso directo seguirán siendo el único amortiguador inmediato para millones de familias en situación crítica.