Por DNU la SIDE podrá aprehender personas y reforzar su rol en inteligencia estratégica

El Gobierno nacional publicará en los próximos días un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que introduce una profunda reforma en la estructura del Sistema de Inteligencia Nacional, otorgándole mayores atribuciones a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que incluso podrá aprehender personas en casos de flagrancia o por orden judicial.

El decreto fue firmado el 31 de diciembre por el presidente Javier Milei y todo su gabinete, y modifica la actual ley de inteligencia mediante la creación de nuevos organismos, la disolución de otros y la unificación de funciones, con el objetivo de facilitar el intercambio de información estratégica entre distintas áreas del Estado.

Desde el Poder Ejecutivo aseguraron que la reforma “moderniza, ordena y legitima el sistema de inteligencia”, lo adapta a amenazas contemporáneas y lo somete a mayores controles legales, presupuestarios y técnicos.

Más facultades para la SIDE

El DNU mantiene a la SIDE como organismo rector del sistema de espionaje, pero amplía de manera significativa sus atribuciones. A partir de la reforma, podrá requerir información a cualquier organismo del sector público, coordinar acciones con provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y vincularse con organismos de inteligencia extranjeros.

Además, se le asignan funciones clave como la lucha contra el terrorismo, la elaboración de análisis geoespacial y la gestión criptográfica del Estado.

Uno de los puntos centrales del texto es la incorporación explícita del carácter reservado y encubierto de las actividades de inteligencia. El nuevo artículo 2° bis establece que estas tareas se realizan bajo ese criterio para “minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”.

Cambios estructurales y nuevos organismos

El decreto reordena la estructura interna del sistema. Entre los cambios más relevantes, la Agencia de Seguridad Nacional pasa a denominarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC); la Agencia Federal de Ciberseguridad es reemplazada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC), con foco en el ámbito digital; y la antigua División de Asuntos Internos se transforma en la Inspectoría General de Inteligencia (IGI).

A su vez, se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), un ente descentralizado que funcionará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, encargado de planificar y ejecutar políticas para proteger el ciberespacio de interés nacional, infraestructuras críticas y activos digitales estratégicos. Para su puesta en marcha se transferirán bienes, personal y patrimonio de la ex Agencia Federal de Ciberseguridad.

La norma establece dos nuevos ámbitos de coordinación. Por un lado, la Comunidad de Inteligencia Nacional, que integrará a organismos de espionaje, áreas especializadas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y otros entes con competencias afines. Por otro, la Comunidad Informativa Nacional, que reunirá a ministerios, Migraciones, Aduanas, organismos de identificación y sectores estratégicos como el área nuclear.

Ambas funcionarán bajo la conducción de la SIDE, que fijará los procedimientos mediante los cuales deberán suministrar información estratégica al Estado.

Uno de los aspectos más novedosos del DNU es que habilita a los organismos del sistema a proveer su propia seguridad, proteger instalaciones, bienes y personal, y repeler agresiones. Además, se autoriza formalmente a solicitar apoyo técnico o logístico de las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad, sin superposición de funciones.

En el artículo 19 se establece que, en el marco de actividades de inteligencia, auxilio judicial o delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, con la obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas policiales competentes.

Finalmente, el decreto contempla la reasignación del personal de los organismos disueltos o reconfigurados y garantiza la continuidad funcional durante el proceso de reorganización.

Desde el Gobierno subrayaron que la reforma busca integrar el sistema de inteligencia con los subsistemas criminal, militar y financiero, eliminar duplicaciones y fortalecer la confianza ciudadana, aclarando que la SIDE no cumple tareas policiales ni judiciales, sino que produce inteligencia estratégica para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo.