Cuáles son los cuatro proyectos que el Gobierno de Javier Milei buscará aprobar en febrero en el Congreso

Antes de fin de año, el Gobierno de Javier Milei logró la aprobación definitiva de los proyectos de Presupuesto 2026 y Ley de Inocencia Fiscal. Quedan en el tintero los otros cuatro proyectos incluidos en el temario a sesiones extraordinarias.

Se trata de la Ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria, las modificaciones a la ley de Glaciares, la reforma laboral y el nuevo Código Penal.

El Gobierno de Javier Milei llamará en febrero a sesiones extraordinarias

El Gobierno tiene previsto realizar un segundo llamado a extraordinarias entre el 2 y el 27 de febrero. En esa ventana de tiempo el oficialismo buscará aprobar los primeros tres proyectos (regla fiscal, glaciares y laboral), que ya cuentan con dictamen.  En cambio, la reforma del Código Penal, que viene a renovar completamente una vieja norma de 1921 que a lo largo del siglo fue recibiendo sus sucesivos parches, requiere mucho más tiempo de maceración.

Si bien el proyecto fue presentado allá por octubre en el penal de Ezeiza por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y por su entonces par de Seguridad, Patricia Bullrich, el texto nunca ingresó formalmente por ninguna de las dos cámaras y por el momento se desconoce cuál será su itinerario.

Congreso: para febrero se proyecta la “regla fiscal” 
 
La ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetario tiene dictamen vigente y de hecho había sido incorporada al temario de la sesión de Diputados en la que quedaron aprobados el Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal.

Con el quórum bajo serio riesgo de caerse, se decidió levantar la sesión y la norma no pudo tratarse.

Esta ley, denominada por el Gobierno como la “regla fiscal”, busca generar un esquema de sanciones sobre funcionarios públicos o directores de bancos públicos que generen gasto innecesario o desmedido, o que implementen mecanismos distorsivos de emisión monetaria.

En definitiva, la ley intenta reproducir el axioma libertario de que no se gasta más de lo que ingresa en las arcas del Estado.

Esta regla de oro ya viene aplicándose a rajatabla desde los inicios de la gestión de Milei y es simbolizada por la imagen de una motosierra.

El Gobierno ni siquiera se aviene a aplicar las leyes vigentes de emergencia pediátrica, financiamiento universitario y emergencia en Discapacidad, votadas en ambas cámaras y repuestas tras los vetos el presidente.

Sin embargo, este ajuste fiscal en términos de gasto público tiene como cara contradictoria las pérdidas de recursos que el Gobierno viene convalidando por voluntad propia.   

Esto se evidencia por ejemplo en la baja de la alícuota de Bienes Personales, la reducción del impuesto a las Ganancias para empresas grandes, la caída de impuestos internos a la electrónica y venta de automóviles, la baja de retenciones a determinados granos de exportación, la reducción de las contribuciones patronales contemplado en la reforma laboral, la eliminación del Impuesto PAIS y del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles, además de todo tipo de perdones fiscales mediante blanqueos y otras políticas similares.

Reforma a la Ley de Glaciares

Esta norma, que tiene dictamen favorable en el Senado, busca descentralizar en las provincias el control y la regulación de las explotaciones de recursos mineros e hidrocarburíferos en zonas periglaciares, con el objetivo de destrabar y multiplicar inversiones en el sector.

En esencia, con esta reforma el Gobierno propone reconocer el dominio originario de los recursos naturales a las provincias, un derecho que está consagrado en el artículo 124 de la Constitución tras la reforma de 1994.

La normativa actual, además de proteger a los glaciares, limita la instalación de proyectos en zonas periglaciares, que son ecosistemas muy fríos de alta montaña, habitualmente cercanos a glaciares, que se caracterizan por tener suelos congelados o saturados de agua, y juegan un rol importante en la regulación de recursos hídricos.   

La reforma que persigue el Gobierno y muchas de las provincias cordilleranas del centro hacia el sur del país mantiene la protección de los glaciares pero quita las prohibiciones vinculadas a las zonas periglaciares.

Reforma laboral

La reforma de "modernización" laboral, como la bautizaron sus autores, es la gran apuesta del Gobierno para estos primeros meses del 2026.

La iniciativa tiene como objetivo primordial bajar los costos laborales y reducir la litigiosidad laboral.

En su rol de jefa de la bancada libertaria, Bullrich había intentado apurar el trámite, y en efecto consiguió avanzar con el dictamen de mayoría en el Senado. 

Sin embargo, luego de la importante movilización de la CGT, sumado a la complejización de las negociaciones por el Presupuesto, quedó claro que no estaban dadas las condiciones políticas para votar el proyecto antes de que finalizara el 2025, y la propia ex ministra de Seguridad le puso nueva fecha tentativa a la sesión por la reforma laboral: 10 de febrero.

En la segunda quincena de enero podrían empezar a haber algunas primeras reuniones de aproximación a la temática, y según precisó la propia Bullrich el proyecto va a estar abierto a propuestas ya que el debate no será «a libro cerrado».

La reforma laboral abarca un gran abanico de aspectos, que implican cambios sustanciales en la normativa.

La eliminación de las cuotas solidarias es el asunto que más le quita el sueño a los gremios porque ataca su fuente de financiamiento, está en discusión todavía.

En el proyecto se estableció que para que las cuotas vayan a los gremios tiene que haber un consentimiento expreso del empleado. 

Los empleadores solamente están habilitados como agentes de retención de las cuotas de afiliación, que son voluntarias.

Otro punto conflictivo tiene que ver con el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos, que es una cláusula por la cual los convenios mantienen sus efectos, aunque estén vencidos sus plazos hasta que no se firme un nuevo acuerdo paritario. 

Más allá de este aspecto, la reforma laboral busca consagrar una nueva lógica por la cual se prioricen los convenios por empresa sobre los convenios por actividad, limitando así la influencia de los sindicatos en las negociaciones colectivas.

Además, se buscan establecer pautas salariales por rendimiento y productividad.

Otro punto central de la reforma laboral son las indemnizaciones: la propuesta apunta a bajar el costo de despedir personal porque por ejemplo quedarían fuera de la liquidación final ítems como las vacaciones, el aguinaldo y otros adicionales al básico.

Relacionado a esto, se propone bajar las contribuciones patronales si las empresas aportan a un Fondo de Asistencia Laboral, que vendría a funcionar como un fondo de cese laboral.

La implementación de una política de banco de horas también traerá polémica porque para las organizaciones sindicales habilita a los empleadores a modificar los horarios de los trabajadores arbitrariamente, ya que advierten que la relación no es simétrica.

Otros puntos son el fraccionamiento de las vacaciones, y la modificación de los plazos de preaviso por extinción del contrato laboral.

También se elimina la responsabilidad solidaria de empresas que tercerizan servicios a través de otras empresas.

Reforma del Código Penal

A través de esta gesta, el Gobierno busca refundar el Código Penal, un cuerpo normativo cuya sanción original data de 1921, más allá de que en el transcurso de las décadas fue recibiendo parches.

De acuerdo a los trascendidos, el texto pasaría de 316 a 920 artículos.

Entre otros puntos, la reforma incluiría la imprescriptibilidad de delitos gravísimos como homicidios, abusos sexuales, trata, narcotráfico y delitos de lesa humanidad.

También incorpora un endurecimiento generalizado de penas para todo tipo de delitos, aunque con mayor profundidad en los casos de corrupción y narcotráfico.

El texto busca absorber muchas de las propuestas anunciadas por el Gobierno durante el último tiempo, como el nuevo régimen penal juvenil (que baja la edad de imputabilidad), la ley “antimafia”, ley de reiterancia y ley de juicio en ausencia. 

Por otra parte, la reforma crea un capítulo entero dedicado a los delitos informáticos, que incluye la creación de contenidos sexuales falsos con IA, porno venganza, grooming o acoso sexual cibernético, phishing o estafas para obtener datos confidenciales, etcétera.

Todavía no se sabe cuándo ingresará el proyecto y cuál será la cámara de origen para el inicio de su tratamiento.