Ex jueces y un ex ministro víctimas de la represión

En 2004, ante el fiscal federal Ricardo Toranzos, el exministro de Gobierno Enrique Pfister Frías apuntó a la CGT como uno de los sectores contrarios a Ragone, “lo que llevó a enfrentamientos políticos que fueron socavando con el tiempo las bases del gobierno”. El testigo sostuvo que el gobierno de Ragone se alineó con el sector conocido como “La Tendencia Revolucionaria Peronista”, y por ese motivo estaba a enfrentado a José López Rega, el creador de la Triple A.

Pfister señaló que el imputado Miguel Gentil, entonces segundo jefe de la Guarnición Ejército Salta, lo presionaba para que Ragone efectuara cambios en el gabinete, de acuerdo con las directivas del Gobierno nacional. Contó que en una oportunidad se reunió con el militar y que éste le manifestó que el exmandatario debía echar al intendente Gerardo Bavio; al jefe de Policía, Rubén Fortuny; al fiscal de Estado, Armando Caro Figueroa, entre otros.

“Sindicaba a estas personas como peligrosas, en razón de que eran comunistas”, afirmó. Dijo que al poco tiempo Ragone relevó a esos funcionarios y que en marzo de 1974 él tuvo que dejar el cargo, también por presión de la Nación.

El exministro, fallecido en el 2006, había calificado de “pésima” la relación entre Ragone y Gentil, al señalar que “había una animadversión de piel desde que se conocieron”.

También en 2004 había declarado en la instrucción el exjuez provincial Mario Arsenio Salvadores, quien al asumir Ragone dispuso la detención de un grupo de policías, entre ellos el imputado Joaquín Guil, acusados de apremios ilegales.

Por esta situación el magistrado recibió amenazas telefónicas, supuestamente por parte de la Triple A. Salvadores sufrió el peor atropello cuando José Alejandro Mosquera asumió como interventor en reemplazo de Ragone. Fue detenido en Cerrillos, no respetaron su investidura de juez y fue alojado en la Policía Federal.

“El comisario (Federico) Livy amenazó con golpearme”, aseguró. Salvadores permaneció privado de su libertad durante tres días y tras ser liberado renunció al cargo.

Roberto Adolfo Castro fue otro de los jueces que sufrió las consecuencias por haber firmado el decreto de detención de los comisarios Guil, Trovato, Arredes y otros. En junio de 1973 su vivienda había sido atacada a tiros, y atribuyó el ataque a su intervención en esa causa. Luego, al asumir el interventor Mosquera fue destituido como magistrado.

En tanto el 24 de marzo de 1976 fue detenido por la policía y alojado en distrito militar, donde permaneció todo el tiempo con los ojos vendados. “Me acusaron de terrorista”, dijo Castro, quien no pudo asistir al juicio por razones de salud.

Fuente: Diario El Tribuno