Narcopolicías: Los dos imputados se negaron a declarar

Las audiencias de imputación en contra de los dos efectivos se llevó a cabo ayer al mediodía en la ciudad judicial, oportunidad en la cual Moreyra y Galván, asistidos por abogados particulares, se negaron a prestar declaración indagatoria. Pertenecían al Sector 6 de la División de Drogas Peligrosas. 

La situación de los policías, según expresó Córdoba Mazuranic, es comprometedora ya que en el expediente existen numerosas pruebas, entre ellas intervenciones telefónicas en las cuales los acusados se expresan de manera contundente respecto a sus planes para incriminar a una vecina del barrio Ceferino, ubicado en la zona en que los acusados cumplían tareas a fin de combatir delitos de microtráfico de drogas.

La investigación, agregó el fiscal, se inició a partir de actuaciones penales relacionadas a un procedimiento antidroga que fue realizado por los policías implicados con intervención del Juzgado de Menores 1, en el cual se advierten maniobras tendientes a implicar a dicha vecina.

En su decreto de imputación, el fiscal señaló que Moreyra y Galván “conciertan un procedimiento para incriminar a una persona determinada mayor de edad, como supuesta autora del delito de Tenencia de Estupefacientes con Fines de Comercialización”,

El Fiscal,  indicó que el procedimiento dio como resultado negativo para la mujer que pretendía implicar, a quien habían presentado ante el Juzgado de Menores como una joven menor de edad, según un informe de fecha 17 de mayo pasado. En ese mismo procedimiento, en tanto, los policías secuestran drogas en poder de una menor de 12 años.

Maniobras incriminatorias

Ante esto, agregó, los policías imputados “optan por fraguar en el informe del procedimiento, una situación que no había ocurrido en la realidad, esto es, que la investigada también había sido vista con la menor, efectuando la maniobra conocida como “pasamanos”, materializando la falsificación de un documento público cuyo contenido daría fe en razón de la calidad de los funcionarios públicos actuantes y que insertan en el mismo información que tal documento debe probar”.

El fiscal, sostuvo que con este accionar, los efectivos violaron “los deberes de funcionario público al dar a conocer a los Tribunales a quienes efectuaron consultas judiciales, una situación que no se compadecía con la realidad (en tanto del procedimiento no surgía la participación de una persona mayor de edad como autora del delito investigado); circunstancia esta que a la postre, al hacer incurrir al error a los funcionarios judiciales, llevan a materializar una privación de libertad” de la mujer a la que querían perjudicar.

Como sustento de las imputaciones, la fiscalía presentó una gran cantidad de medidas probatorias, entre ellas varias conversaciones telefónicas mantenidas entre el oficial Moreyra y el Cabo Galván, en la cual surge claramente la preparación del procedimiento incriminatorio en contra de la mujer.

Las pesquisas fueron llevadas adelante por efectivos de la Policía Federal, quienes también tuvieron a cargo los procedimientos que terminaron con la detención de los dos acusados y el secuestro de teléfonos celulares y otros elementos probatorios para la causa.