Diputados sancionó el proyecto para urbanizar más de 4.000 villas en todo el país

El miércoles al mediodía se inició la sesión especial en Diputados que incluyó, entre otros temas de suma importancia social, el proyecto de regularización dominial de villas y asentamientos precarios,   confirmó Infobae.

Finalmente, la iniciativa fue aprobada por unanimidad, con 194 votos a favor, pasadas las dos de la madrugada.

En agosto de 2016, el Gobierno comenzó a realizar un relevamiento junto a diferentes ONG y movimientos barriales para determinar la cantidad de asentamientos en todo el país. Según los datos del Registro Nacional de Barrios Populares que instrumenta el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Carolina Stanley, se identificaron 4.228 villas. Sumadas, cubren una superficie de 415,5 km2, dos veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Y en esas tierras viven aproximadamente 3.5 millones de personas.

En base a esta información, y como parte de un plan integral, el Ejecutivo elevó al Congreso un proyecto para urbanizar estos asentamientos y avanzar con acuerdos para que sus habitantes se transformen en propietarios. 

Entre otros puntos, el texto estipula que se declare "la utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles" los terrenos que componen el Registro Nacional de Barrios Populares. Además, faculta a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para realizar convenios con provincias y municipios para la transferencia de estos inmuebles y para establecer mecanismos de compensación impositiva.

 

En tanto, Desarrollo Social tendrá a su cargo la coordinación, con los organismos competentes, del acceso a los servicios públicos básicos por parte de los habitantes de los barrios populares. En este punto, y de acuerdo con el relevamiento, el 93,81% no cuenta con acceso de agua corriente; el 98,81% no cuenta con acceso a cloacas; el 70,69% no cuenta con acceso a energía eléctrica; el 98,49% no cuenta con acceso a la red de Gas Natural. 

Como parte del proceso de urbanización, el proyecto dispone la creación de un fideicomiso y se suspenden los desalojos por cuatro años.