Brindarán tratamiento a niños y adolescentes adictos de Morillo

El Ministerio Público Pupilar tomó intervención en el municipio de Coronel Juan Solá con una actuación extrajudicial, ante la situación de consumo y adicciones de niños y adolescentes aborígenes y criollos, que necesitan acceder a tratamientos y prestaciones médico – asistenciales.

Con ese objetivo, los asesores de incapaces de Tartagal, Eugenia Hernández Berni, y de Embarcación, José Cortez, firmaron un Acta Acuerdo con la ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz; el coordinador de Prevención y Abordaje Integral de las Adicciones, Martín Teruel; la jefa de Prevención en el Uso Nocivo de Alcohol y Tabaco, Carmen Palomo; el secretario de Gobierno de Coronel Juan Solá, Claudio Ruiz; y demás asistentes al encuentro desarrollado en el Complejo Municipal.

Como acción inmediata, los magistrados pupilares recibieron una nómina confidencial de niños y adolescentes que se encontrarían en situación extrema de consumo, para que sean asistidos por “los ministerios de Primera Infancia, Salud Pública y Asuntos Indígenas”, que deberán “remitir a la Asesoría de Embarcación, en un plazo de 15 días hábiles, el resultado de las intervenciones médicas, sociales e interdisciplinarias realizadas” a esos niños y adolescentes.

Y a mediano y largo plazo, “el Estado articulará las medidas suficientes para la debida asistencia, farmacológica y tratamiento ambulatorio en el lugar donde se encuentra el centro de vida de los asistidos”, en Coronel Juan Solá.

En su exposición previa, los asesores Hernández Berni y Cortez señalaron a los funcionarios y referentes comunitarios locales que el Estado provincial “está obligado a garantizar un trato igualitario a todas las personas que asisten a los servicios de salud” de la provincia, lo que implica “la aplicación de políticas inclusivas para la totalidad de la población”.

También les recordaron que el artículo 30 de la Ley Nacional 26.061 impone que “los miembros de establecimientos educativos y de salud, públicos y privados, y todo agente y funcionario público que tuviere conocimiento de la vulneración de derechos de niñas, niños o adolescentes, deberán comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa de protección de derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión”.

En el Acta también se acordó requerir “al Ministerio de Primera Infancia que proceda a arbitrar los medios necesarios y suficientes para la urgente articulación con el municipio de Juan Solá para el abordaje de las problemáticas que afectan a los niños, adolescentes y jóvenes del municipio.

Y la Municipalidad, junto al Concejo Deliberante, deberán “arbitrar los medios para la creación de un Centro de Orientación Familiar (COF) destinado a la contención familiar y asistencia de personas en estado de vulnerabilidad”. Se comprometieron, asimismo, a trabajar en forma conjunta para la efectiva aplicación de la ordenanza que prohíbe la venta de alcohol etílico a menores de edad.