Un supuesto nuevo ilícito salió a la luz en Aguaray con el robo de rieles pertenecientes al Estado Nacional y las declaraciones del interventor, Adrián Zigarán en medios nacionales. Sin embargo, el robo de rieles de ferrocarril no sería un hecho tan reciente como se conoció.
Juan Ángel Espinosa es un periodista de Aguaray que realiza en forma permanente diversas investigaciones en todo el norte de la provincia e indicó a El Tribuno que las declaraciones del interventor de Aguaray serían poco serias. "Es poco serio y eso solo se le puede hacer creer a quienes no conocen el norte. El robo, el desmantelamiento del Ramal C-15 no comenzó cuando Zigarán vino de interventor, comenzó hace 30 años. Las vías ferroviarias no están desde Embarcación hasta Salvador Mazza hace décadas y solo queda uno que otro tramo. La gente ya vive hace años sobre el ramal" explicó el comunicador norteño.
Espinoza precisó que Zigarán habría mandado fotos a periodistas de la capital de la provincia, quienes se las mandaron al canal de noticias TN y todos “se comieron el amague” porque no conocen la zona y es totalmente comprensible que los comunicadores que no son de acá se equivoquen; en el caso del municipio de Aguaray las que se mostraron son estructuras que están amontonadas, tiradas, apiladas hace años, más precisamente desde el verano del año 2007, cuando la correntada del río se llevó el puente ferroviario. Dos años más tarde, en febrero de 2009, el río hizo lo mismo, pero en Tartagal”.
Además, el periodista recordó que “un poco antes del año 2015 como una especie de contención de los grupos de desocupados, el Gobierno de la Nación envió recursos para que limpien el ramal porque supuestamente iban a reconstruirlo y se iban a destinar millones de dólares para reactivarlo. No se hizo nada y sería imposible encarar un proyecto así porque la gente desde Ballivián hacia el norte hizo sus casas en los diferentes asentamientos sobre lo que alguna vez fueron las vías”.
Sobre el caso las torres de alta tensión
Por otra parte, otro de los ilícitos que fueron mencionados fue el de las torres de alta tensión. El abogado penalista de Tartagal Juan Carlos Sánchez, apoderado legal de la empresa que construía la torre y quien recordó a El Tribuno como se descubrió, se investigó y se condenó a los responsables, sosteniendo que el interventor no habría sido exacto.
“En este tema no tuvo que ver ningún funcionario de ningún municipio. Esa torre que construyó una empresa de capitales bolivianos se la habían robado durante el fin de semana largo de carnaval entre los días 24 y 25 de febrero del año 2020. En ese lugar había unos puesteros a quienes les pagábamos para que cuiden. Nos avisaron que había máquinas y vehículos y varias personas que aprovecharon el fin de semana largo de carnaval, fuimos al lugar y nos dimos con la antena desmantelada. Formalizamos la denuncia, que fue investigada por el juez federal de Orán Gustavo Montoya, quien imputó y condenó a Esteban Medina, Walter Aranda y Fernando Saravia” sostuvo.
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