Tarjeta AlquilAr: la propuesta para que el Estado ayude a quienes no pueden pagar la vivienda

Nacional 22 de febrero de 2021
alquilo

Los alquileres son la nueva gran problemática de la mayoría de los argentinos. Luego de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentara el pasado 17 de febrero el registro de contratos de locación de inmuebles previsto en la Ley de Alquileres número 27.551, el sector inmobiliario denuncia que la medida solo empeorará el panorama.

Según el sector, al tener que blanquear los contratos en la AFIP los propietarios tendrán que pagar Impuesto a las Ganancias e Ingresos Brutos, por lo que, al no poder contener los costos, los terminarán trasladado a los precios de los alquileres.

El secretario de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Claudio Vodanovich, aseguró que el registro ante el organismo de recaudación “va a tener un impacto porque se suma a otra cantidad de medidas sobre el sector. Todo lo que impacte en costos termina pasando a precios”.

En ese marco, las inmobiliarias pidieron que no se vuelva a prorrogar el congelamiento de alquileres (que vence el próximo 31 de marzo) y presentaron diversas herramientas que podrían solucionar o mitigar el problema habitacional, entre ellas, la tarjeta AlquilAr.

Basados en el programa de la Tarjeta Alimentar, que brinda entre $6.000 y $9.000 mensuales para que padres o madres compren productos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), los inmobiliarios propusieron una tarjeta a través de la cual el Estado subvencione el abono del alquiler por parte de los inquilinos.

A través de un comunicado, el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina (CoFeCI) señaló que “esta iniciativa podría ayudar de manera específica a cada inquilino en situación vulnerable, sin perjuicio de distorsiones en todo el sistema de alquileres”.

Además, proponen aplicar programas de financiamiento ahora 18 y 24 para los inquilinos que tengan deudas pendientes hasta el 31 de marzo; que se incentive a la construcción de nuevas viviendas a partir de la exención de impuestos nacionales y provinciales a las unidades habitacionales de hasta 60 metros cuadrados destinadas para arrendar; y que se reactive el programa ProcreAr u otros que tengan como objetivo la entrega de viviendas.

La principal preocupación del sector es que una nueva prórroga se sume a la obligación de registrar los contratos en la AFIP acarreando perdidas para los propietarios e intermediarios. En ese sentido, el CoFeCi argumenta que “casi el 90% de los inquilinos pagan en término el alquiler, otros lo hacen con retraso y solo un 5% ha adherido a la propuesta del DNU para prorrogar el pago de sus obligaciones. Por lo tanto, entendemos que continuar con la prórroga indefinida del DNU con las actuales condiciones establecidas profundiza la problemática de los inquilinos, propietarios e inmobiliarios, generando una incertidumbre angustiante”.

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