Desde el Ejecutivo avanzan con políticas dirigidas a mejorar el servicio de justicia

Diego Pérez, Secretario de Justicia de la Provincia, conversó con InformateSalta y analizó el trabajo que se viene efectuando desde el gobierno a fin de adecuar las legislaciones procesales vigentes a las necesidades actuales de los salteños.

La emergencia sanitaria ¿Permitió avanzar con políticas dirigidas a mejorar al servicio de justicia?

Enfrentar la pandemia, indudablemente, constituye el objetivo prioritario del gobierno y, consecuentemente, ha marcado la agenda de sus distintas áreas. Pero ello no significa que los demás aspectos, como es el dirigido a mejorar el servicio de justicia, hayan sido abandonados. 

Sabemos que, pese a todas las vicisitudes, es nuestro deber abordar todos los temas de Estado. Y en ese sentido, no nos caben dudas que los salteños merecen instituciones claras y de calidad.

La actividad que refiere ¿Se generó exclusivamente desde el Poder Ejecutivo?

Con mucha satisfacción, debo destacar el trabajo coordinado de los tres poderes del Estado. Por acción directa de las Cámaras, por iniciativa o ejercicio de otras potestades del Poder Ejecutivo hemos avanzado muchísimo en materia procesal a través de la proposición o aprobación de disposiciones dirigidas a simplificar y agilizar los trámites judiciales sin sumar nuevas erogaciones o gastos al Estado. Además, en todos los casos se dio amplia intervención a miembros del Poder Judicial.

Puntualmente, ¿Cuáles acciones o propuestas, destacaría?

Casualmente, una de las leyes aprobadas brindó herramientas a la justicia para poder actuar en los momentos más complejos de la emergencia sanitaria, a través de la flexibilización de las formas establecidas en los Códigos.

Pero sin dudas, lo más importante en materia legislativa es la iniciativa anunciada por nuestro gobernador al abrir las sesiones ordinarias. Me refiero al proyecto que persigue mejorar las estructuras existentes a efectos de prevenir, sancionar y erradicar uno de los problemas más delicados que atraviesa nuestra sociedad: la violencia familiar y de género.

La creación de un fuero unificado e integral que permita que en un único juzgado se resuelvan todos los asuntos, civiles, de familia, penales y de violencia propiamente dichos, es, al respecto, acorde a las más modernas legislaciones, y ha sido recientemente remitido a la Legislatura; con lo cual ya cuenta con estado parlamentario.

Ese proyecto, ¿influye en otras materias distintas a la violencia?

Mire, la atracción de ese fuero único de todas las causas de violencia familiar y de género, producirá una reducción mayor al cuarenta por ciento en el trabajo actual de los juzgados penales de garantías. El impacto es menor en los juzgados de personas y familia, aunque también será de importancia. De ese modo, indirectamente, la creación del fuero de violencia también beneficiará y, ante el menor cúmulo de expedientes, permitirá agilizar las causas de otras dependencias judiciales.

Desde su posición, ¿Cómo ve la recepción de esas modificaciones en la justicia?

A partir de esta idea de coordinación, al igual que lo han hecho otros funcionarios del Poder Ejecutivo, he mantenido reuniones con juezas y jueces de los fueros pertinentes. En cada caso, tanto el proyecto de creación del fuero integral de violencia como el de reforma del Código Procesal Civil y Comercial han obtenido una auspiciosa recepción y muy buenos comentarios, fundados en la experiencia de las y los magistrados.

Aisladamente, se me hizo llegar otra propuesta: transformar una Sala de la actual Cámara Civil y Comercial en Sala de Personas y Familia, aunque ello no parece acorde a los requerimientos actuales de la prestación de justicia, estimo que no debe ser compartido por las y los demás Camaristas que la conforman y, lógicamente, no puede compararse con la iniciativa de reforma integral de la ley puesta a consideración.

¿Y en la sociedad?

Como le dije, todos los proyectos tienen por fin mejorar la calidad institucional de la justicia, partiendo de tres grandes premisas: instalar procedimientos ágiles y sencillos, brindando respuestas más adecuadas a los problemas de los salteños y acercando, lo máximo posible, el hecho o conflicto justiciable a la sentencia.