Un martillero estaba en coma y vendieron 34 propiedades suyas a precios irrisorios en la zona de Ezeiza

Nacional 16 de junio de 2022
martillero

Pocos meses antes de morir, a sus 80 años, postrado en una cama tras haber sufrido un ACV que lo dejó con un alto grado de incapacidad -entre otras cosas, no podía hablar-, el martillero Luis Vázquez vendió en algo más de un mes 34 propiedades en Ezeiza, Canning, Monte Grande y San Miguel.

Los inmuebles estaban valuados en unos 14 millones de dólares, sin embargo, se desprendió de ellos por apenas 600 mil dólares. Sus herederos denuncian que fue estafado y acusan al hombre que fue mano derecha de Luis en vida. Tienen motivos para sospechar: gran parte de los compradores fueron familiares del sospechoso.

José, Hugo y Guillermo Vázquez son primos y herederos de Luis. Ellos le reclaman a la Justicia que investigue lo que entienden fue una maniobra fraudulenta para quedarse con el patrimonio de toda una vida: la mayoría de los inmuebles se despacharon a precios que no llegan ni al cinco por ciento de su valor de mercado.

Los corre el almanaque: si para el 26 de julio de este año la causa no tiene avances, va a prescribir. Sospechan que hay alguien que está "pisando" el expediente.

Las 34 propiedades incluyen comercios, terrenos en lugares privilegiados y varias casas.

Los acusados por la familia son Maximiliano Teta (41), quien fue apoderado de Luis Vázquez durante más de doce años, y el escribano Andrés Ringuelet (50), quien certificó las operaciones de compraventa, las cuales presentan todo tipo de irregularidades, según la denuncia de los abogados querellantes. "Fue todo muy burdo", explican en diálogo con Clarín.

El martillero de Ezeiza

Luis Vázquez fue uno de los hombres más importantes del negocio de bienes raíces en la zona de Ezeiza. Sin hijos, dedicó toda su vida a la inmobiliaria Vázquez-Iglesias, que se volvió una referencia en esta parte del sur del Gran Buenos Aires.  

Cuando comenzó, toda la región era un salpicadero de casas espaciadas, grandes campos, tambos, una zona residencial y tranquila que siempre estuvo escondida detrás del Aeropuerto.

Sin embargo, desde hace una década todo eso cambió gracias a un boom inmobiliario que pobló de countries la calle principal de la localidad de Canning y revalorizó la zona. Shoppings, marcas de primer nivel, restaurantes, bares. El valor del metro cuadrado se disparó y Vázquez, que había ido comprando propiedades a lo largo de toda su vida, pasó a ser dueño de una fortuna en inmuebles.

La salud de Vázquez llevaba varios años de declive. Por eso, en 2009 le otorgó un poder a Teta, una especie de mano derecha que trabajó y desarrolló toda su vida profesional al lado del empresario. El poder lo autorizaba a firmar por su jefe documentos importantes.

Luis Vázquez, el martillero de Ezeiza al que le sacaron propiedades por 14 millones de dólares.

El 13 de julio de 2016, Vázquez sufrió un ACV que lo dejó en una situación de salud gravísima: internado "con un grado de conciencia mínima, asistencia respiratoria mecánica, cuadripléjico y con una traqueotomía”. Estaba "totalmente incapacitado", según los partes médicos, algunos de ellos firmados incluso por Teta.

"El poder no tiene validez siendo el hombre incapacitado. Sirve solamente para ejecutar la voluntad de Vázquez, pero si estaba postrado era imposible que diera las órdenes", señala a Clarín Juan Cruz Caimi, uno de los abogados de los herederos.

Con Vázquez internado, entre el 19 de julio y el 16 de setiembre de 2016 el representante se desprendió de 34 inmuebles, incluyendo la casa donde vivía el martillero.

Hubo días en los que se concretaron hasta cuatro operaciones en una misma jornada. En todas participaba el mismo escribano, todos los contratos iguales, una situación que otros martilleros calificaron ante este medio como "improbable".

"Lo normal es que la parte compradora ponga el escribano, acá todas las ventas las hace el mismo escribano, de parte del vendedor. Los contratos son todos iguales, las mismas condiciones", sostienen.

Luis Vázquez murió finalmente el 28 de agosto de 2017.

La inmobiliaria Vázquez Iglesias, referente de la zona sur.


Herederos de las deudas

Sin familia formada, solamente con una hermana que murió antes que él, la línea sucesora de Vázquez recayó en su primo José y en los dos hijos suyos, Hugo y Guillermo. Ellos, quienes deberían haber sido los herederos de la fortuna que amasó su tío, se encontraron solamente con deudas.

Es que sin un martillero que pueda hacerse cargo, la mítica inmobiliaria Vázquez-Iglesias debió cerrar sus puertas, y los juicios laborales de los empleados despedidos siguieron la línea sucesoria legal hasta llegar a ellos tres. Por ese tema, debieron afrontar deudas, pagos, embargos e inhibiciones

En julio de 2020 presentaron una demanda contra Teta, Ringuelet y otras tres personas, por considerarlos autores del delito de "lavado de asociación ilícita, administración fraudulenta y lavado de activos".

La denuncia apunta a las maneras en que se vendieron las 34 propiedades en tiempo récord. "Teta le vendió a su hermana, a su mujer, a familiares. Muchos que cobraban asignaciones, todas al 5 por ciento del valor real", comenta Caimi.

Incluso encontraron situaciones que rozan lo insólito. Según relata Caimi, una hermana de Teta compró un lote valuado en 2,4 millones de dólares a 1,5 millones de pesos. Y luego de firmar, ese mismo día entregó un poder a su hermano para que siguiera administrando la propiedad.

Otros de los compradores de los inmuebles fueron Alejandro G. y Emiliano U., ambos cuñados de Teta; María Florencia U., pareja del acusado; Mario R. un empleado suyo; Nanci M. y Alejandro V., tíos de su pareja; y Susana P., abogada de Vázquez. Todos ellos pagaron en pesos y a valores muchísimo menores que la valuación de los inmuebles.


La escribanía N° 1

Todas las escrituras denunciadas se hicieron en la escribanía Ringuelet & Scatolini, una de las pioneras en el distrito: sin ir más lejos, lleva el N° 1 en el registro notarial de Ezeiza. Para muchos, era "la escribanía de Vázquez", ya que trabajaba con el martillero desde el año 1975. Según cuentan, en vida firmaron más de 700 propiedades.

Para ellos, la acusación es "muy aventurada". Alfredo Gascón, abogado de Ringuelet, sostiene: "Llamó mucho la atención la denuncia, este es un problema de herederos. Ninguna de esas operaciones resultaba sospechosa. Vázquez se dedicó toda la vida a la compraventa de inmuebles".

Según afirma, su cliente "no estaba al tanto de la situación de salud" de Vázquez y "no tiene por qué saberlo".

"Teta tenía un poder otorgado en otra escribanía. Si ese poder tiene matricidad, al escribano que se lo presentás no tiene manera de desconocer esa situación. Lo que él tiene que verificar es que esté en el protocolo, no tiene otras capacidades, no es su competencia", indica a Clarín.

"Lo que haya hecho Teta es un problema entre los herederos. Ellos le tendrán que preguntar ’dónde está la guita’. No pasó plata por la escribanía", remarca.

Uno de los socios de la inmobiliaria es Luciano Scatolini (47), actual secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, la cartera que conduce Jorge Ferraresi.

Aunque no aparece en la causa, según confirma Caimi a Clarín, Scatolini participó firmando algunos de los formularios con los que se pidieron los informes de dominio de las propiedades que se vendieron.

Gascón dice que desconoce si es así y le resta importancia. "Se trata de una cuestión operativa, algunos papeles son firmados por unos u otros socios", advierte.


El avance de la causa

Los herederos reclaman que se llame a indagatoria tanto a Teta como a Ringuelet. Hubo al menos nueve pedidos por escrito a la fiscalía para que se les tome declaración, pero ninguno de ellos prosperó.

Hay una fecha que se presenta clave en todo el caso: si la Justicia no los llama antes del próximo 26 de julio -cuando se cumplen 6 años de la primera venta-, la causa penal se cae.

Clarín intentó comunicarse con el fiscal de la causa, Jorge Grieco, pero no respondió a los mensajes.

Sin embargo, en la última semana hubo un pequeño avance que, de tan particular, generó más sospechas en los querellantes: se ordenó un allanamiento para el pasado jueves, que se publicó con 48 horas de antelación a través de un oficio en la causa.

Fue porque la fiscalía pidió intervención al Colegio de Escribanos de Lomas de Zamora, lo que permitió inferir que el domicilio a allanar podría ser la escribanía Ringuelet. En la práctica casi que se avisó del allanamiento.

Los abogados de los herederos, además, no fueron notificados de dónde sería la requisa. Los citaron en una esquina de la ciudad de Monte Grande. Curioso, es casi a 20 minutos de la ubicación de Ringuelet, en Canning. Les dijeron que era por "motivos operativos".

Atento a esta situación, Caimi decidió enviar a una de sus colaboradoras a Monte Grande y quedarse en la puerta de la escribanía a tomar un café. Un rato antes de la llegada de la comitiva -según cuenta él a Clarín-, un grupo de policías entró al lugar y salió con cajas y papeles. La comitiva que venía con su colaboradora aún no había llegado.

Tanto para él como para el resto de los familiares, se trata de una operatoria con tintes mafiosos para quedarse con las propiedades. Y una que está bien documentada además. "No imaginaban que Luis tenía herederos. Dejaron marcas por todos lados", cierra el abogado. Le toca a la justicia conectar esas marcas, pero el tiempo se está agotando. /Clarín

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