Luego del paquete de medidas económicas anunciadas por el gobierno provincial y la exigencia de los sindicatos de reabrir inmediatamente las negociaciones salariales, el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, en Fm Aries, confirmó la continuidad del esquema de paritarias, que está regulado por ley.
Sobre la función del recién creado Consejo Provincial del Salario, destacó que este organismo no reemplaza las paritarias, sino que actúa como un mecanismo adicional similar al Consejo Económico Social, integrado por diversas representaciones gubernamentales, gremiales y económicas. “Lo que se va a fijar es política, acuerdos de marco salarial, definiciones”, dijo.
El funcionario explicó que el objetivo principal del Consejo es fijar políticas y acuerdos en materia salarial, buscando establecer parámetros que permitan avanzar en negociaciones con todos representantes de la sociedad activa, evitando discusiones frecuentes cada dos meses.
“La idea es no tener que empezar cada dos meses a discutirlo todo, todas las veces”
Sobre posibles aumentos salariales para trabajadores provinciales, Camacho indicó que los encuentros con las diferentes áreas continuarán para evaluar la situación.
Mencionó que, en la última reunión, el gobierno provincial demostró un crecimiento salarial que superó en un 8,9% la inflación del año, aunque destacó que la continuidad de estos compromisos dependerán de múltiples variables.
En ese punto, estimó el impacto de decisiones nacionales, como la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, que afectó en 3.800 millones de pesos mensuales a la provincia.
A su turno, el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur aseguró que todavía no hay definiciones para avanzar en ese sentido. “No tenemos definiciones todavía para poder llamar”, indicó.
Otras medidas
En la oportunidad, detalló que se prorrogará la ley de emergencia económica y sociosanitaria, así como el presupuesto 2023 debido a la ausencia del presupuesto 2024 a nivel nacional.
En cuanto a las acciones del Ejecutivo, se estableció una unidad para revisar contratos dolarizados y renovaciones automáticas con empresas, el congelamiento de los sueldos de funcionarios y la planta política por seis meses y la suspensión de los llamados a licitación de obras públicas, aunque aseguró la continuidad de unas 200 obras en ejecución.
También enfatizó en el congelamiento de la publicidad estatal y el control exhaustivo de gastos, viáticos y viajes, buscando una mayor eficiencia en el uso de recursos.
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