$Libra: Para Yolanda Vega, el caso es compatible a una "presunta estafa" por MIlei

La Cámara de Diputados de la Nación recibió este martes el Informe Final de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA, cuyo documento define al token, promocionado públicamente por el presidente Javier Milei, como una memecoin que carecía de utilidad concreta y cuya operatoria se ajusta a patrones típicos de fraude financiero.

Al respecto del caso, la diputada nacional salteña Yolanda Vega, integrante de la comisión, habló con FM Aries donde advirtió que los hechos analizados "serían compatibles con una presunta estafa", poniendo el foco en la difusión, por parte del presidente Milei, de información de acceso restringido relacionada con el contrato de la criptomoneda.

Vega enfatizó que el origen de ese dato privado sigue sin explicarse: "Hasta el día de hoy continúa sin explicar cómo obtuvo ese dato, lo que refuerza la hipótesis de un vínculo previo y directo con los creadores de la criptomoneda". Esta conexión sugerida se suma a la conclusión del informe sobre la "plausibilidad de ardid y engaño", dado que el Presidente promocionó a $LIBRA como un "instrumento de inversión" cuando se trataba, técnicamente, de un activo volátil.

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La legisladora salteña subrayó que existen indicios claros de maniobras financieras engañosas. "Este tipo de hechos aislados, de maniobras financieras irregulares, presuntamente ilícitos, consideramos que hay un vínculo directo entre los funcionarios del ejecutivo nacional y los creadores de la criptomoneda", señaló Vega, sustentando la necesidad de acciones judiciales.

Por estas razones, la Comisión Investigadora resolvió avanzar en el plano penal, decisión la cual Vega recalcó que fue resolución "denunciar penalmente a los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional que, sistemáticamente, se negaron a colaborar con la comisión investigadora y los funcionarios del poder ejecutivo que no asistieron" a las citaciones.

Además de las denuncias penales, la comisión anunció que presentará un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, con un recurso que buscará cuestionar la decisión que denegó el auxilio de la fuerza pública necesario para garantizar la comparecencia de funcionarios claves en la investigación, como el titular de la Oficina Anticorrupción.