Declaran inadmisible el Jury contra la Jueza Renzi

Justicia 12 de agosto de 2012
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados resolvió en la tarde del viernes 10 de agosto de 2012, declarar inadmisible la acusación formulada contra la Jueza en lo Correccional y de Garantías de Quinta Nominación, Beatriz Renzi por la diputada provincial Liliana Esther Mazzone.

Durante la reunión que encabezó el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Posadas, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados analizó los hechos denunciados por la legisladora.

El Jurado de Enjuiciamiento valoró que de la compulsa exhaustiva del expediente 100698/12, se aprecia que la Jueza actuó regularmente frente a circunstancias objetivas que justificaban las decisiones adoptadas. “En su proceder no se evidencian acciones u omisiones en desmedro de los derechos de la allí querellada”, apuntó la resolución que firmaron los miembros del Jurado de Enjuiciamiento.

Sin embargo, se acordó remitir copias de las actuaciones a la Secretaría de Superintendencia de la Corte de Justicia para que se esclarezca la situación planteada al momento de la comunicación informática al Jefe de Policía ya que esta no se condice con lo específicamente ordenado por la jueza habiendo sido firmada por persona distinta a la acusada. Vale decir que de la prueba aportada por la acusadora no cabe imputación alguna contra la magistrada, por lo que se resolvió la remisión de copias de las actuaciones a Superintendencia para que se esclarezca el hecho y se determinen las consiguientes responsabilidades administrativas.

Los antecedentesDel análisis del proceso penal surgió que la Jueza ordenó notificar su intervención a la querellada con copia de la presentación formulada en su contra “según lo exige expresamente el artículo 501 del Código Procesal Penal que, inclusive, establece que ese proceder debe cumplirse inmediatamente”.


Esto, recordó el Jurado, es un deber legal impuesto al juez de la querella y constituye un acto de conocimiento cuyo efecto jurídico no es otro que asegurar el derecho de defensa en juicio de la querellada.
Se puntualizó además que la querellada avaló la legitimidad de los actos procesales por su propia actividad consintiendo la jurisdicción de la magistrada, planteando excepciones, contestando la querella y ofreciendo prueba.

Según las constancias en la causa, no surge que la Jueza hubiera ordenado la detención de la querellada.
En tal sentido recordó el Jurado la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido que cuando los agravios invocados por el denunciante son susceptibles de ser reparados por las vías que prevén las leyes de fondo y procedimiento, no constituyen causal de remoción.

Se consideró inviable la imputación de incumplimiento de los deberes a su cargo, por cuanto el desempeño de la jueza en la querella como magistrada en feria reveló que ejerció los propios poderes de decisión y ejecución correspondientes a su cargo público.

También fue considerada improcedente la pretensión de que el Jurado analice la conducta de la magistrada para discernir si eventualmente configura un delito penal. “Los tribunales de enjuiciamiento de magistrados no son tribunales de justicia, sino que ejercen atribuciones de tipo político atinentes a la responsabilidad de aquellos”, acotó.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados es encabezado por el presidente de la Corte de Justicia. El artículo 160 de la Constitución Provincial que establece las causales de remoción de los magistrados, dispone el procedimiento y la integración del Jurado de Enjuiciamiento.

Completan la integración del Jurado de Enjuiciamiento el Juez de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano; el Fiscal de Estado, Ramiro Simón Padrós; los senadores provinciales Jorge Soto y Silvina Vargas, los diputados provinciales Manuel Santiago Godoy y Oscar Villa Nougués y los miembros

del foro en representación de las cámaras legislativas Guillermo López Mirau y Aldo Juárez.

Fuente: Parte de prensa

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