Los infractores podrán retirar sus vehículos tras abonar el 20 % de la multa

Con nueve votos a favor y ocho en contra, los concejales aprobaron ayer el Proyecto de Ordenanza que establece que los propietarios registrales de hasta dos vehículos que se encuentren retenidos en las dependencias municipales desde el año 2013 en adelante, podrán retirarlos acreditando el pago del 20 % de la multa fijada por el Tribunal de Faltas.Quienes deseen acogerse al beneficio deberán también realizar un curso obligatorio de educación vial durante dos meses.La totalidad de los ediles del Partido Obrero (PO) votaron a favor de la Ordenanza, mientras que se opusieron con su voto los concejales Abel Moya, Mario Moreno, Socorro Villamayor, Eliana Chuchuy, Fernando Echazú, Matías Cánepa, Gastón Galíndez y Ángela Di Bez.

El Proyecto de Ordenanza fue presentado por la concejal Jorgelina Franco (PO) y contó con el apoyo de todos sus pares de bloque. La normativa indica que podrán acogerse al beneficio de la moratoria establecida aquellas personas que acrediten, con la documentación pertinente, ser propietario del vehículo.Finalmente, deroga toda norma que legisle sobre el cobro por estadía de vehículos en las dependencias municipales. Los cursos de educación vial a realizarse se deberán crear a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial y los organismos correspondientes.

El concejal Rodrigo Tolaba (PO) argumentó a favor del proyecto y señaló que el mismo “está pensado en función de cerca de 3.000 vecinos que tienen su vehículo retenido en canchones municipales. Desde el Partido Obrero queremos dar una salida política para que puedan recuperarlo”.

En tanto, que el concejal Arturo Borelli (PO), señaló que “ésta Ordenanza es el primer paso para iniciar el reordenamiento de la ciudad”.

Por último, se expresó respecto al Proyecto el concejal Cristian Pereyra, quien indicó que “el Proyecto atiende a un problema puntual de tránsito, ya que hay 3.000 infractores que no pueden pagar la multa por su elevado valor. Por ese motivo, hay que tomar una política de excepción, para no perjudicar al trabajador”.

La concejal Ángela Di Bez, manifestó su oposición a la iniciativa, sosteniendo que “la detención por infracción no es caprichosa, ocurre cuando hay una infracción grave y la mayoría de las veces se trata de alcoholemia positiva y/o de la falta de la documentación de la Revisión Vehicular Obligatoria. Si queremos crear conciencia, no damos un mensaje claro al decir que un auto retenido puede recuperarse con una moratoria”.

Por su parte, la concejal Socorro Villamayor señaló que “el Artículo N° 2 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 establece las competencias de las autoridades de aplicación, como lo son los organismos nacionales, provinciales y municipales, y dispone también que no se podrá generar una disminución en las multas. Por ese motivo, desde lo legal la Ordenanza es improcedente”.

El edil Fernando Echazú, del Partido Justicialista, señaló que “este tema fue debatido en las Comisiones de Hacienda y Tránsito y me opuse a la moratoria, porque éstas medidas benefician al infractor que no paga y castiga a quien cumple la normativa”. Además, agregó que “fijar una multa elevada busca evitar la reincidencia de una conducta que pueda poner en riesgo el derecho de la vida. La disminución de la multa para pagar un 20 % de la misma, le da a este Proyecto una connotación demagógica y electoralista”.

Gastón Galíndez, por su parte, manifestó que “el Partido Obrero tiene por política solucionar el tránsito perdonando a los infractores, ese es su programa, cuando en realidad deberían alentar el cumplimiento de la norma”.

Fuente: Parte de prensa