Jujuy: Organizaciones mantienen el acampe, Morales no negocia

El Nuevo gobierno de la vecina provincia busca ordenar la administración de la provincia, pero encuentra resistencia en los sectores acostumbrados a los desmanejos del fellnerismo. A partir del 10 de diciembre, la forma de gestionar el Estado cambió, o al menos, las nuevas autoridades intentan dar un vuelco para alcanzar el orden, tal como lo exigió la gente en las urnas el 25 de octubre.

Sin embargo, 15 años de desmanejos naturalizaron situaciones irregulares y transgresiones a la ley. Es por ello que el nuevo gobierno, con Gerardo Morales a la cabeza, impulsa medidas para recuperar la normalidad. En otras palabras, que los fondos públicos se apliquen con transparencia ante la mirada de toda la sociedad, que se sepa quiénes los administran y que se rinda cuentas de su aplicación.

Tanto la ayuda social materializada a través de bolsones de mercadería, como los millonarios fondos que el Gobierno nacional destina para la construcción de viviendas deben ser controlados por las autoridades, ante los ojos de todos los argentinos, verdaderos propietarios de esos recursos.

Con ese objetivo, el Gobierno provincial ha creado sendos registros, para que quienes necesiten ayuda alimentaria se inscriban y la reciban sin más intermediarios. Lo mismo se pretende de las miles de cooperativas que durante la última década recibieron fondos para construir viviendas.

Se busca que cada presidente de cooperativa se apersone en las áreas correspondientes, que cumpla con los requisitos que la ley le exige a estas empresas y sin más trámites se adjudiquen las obras que el Estado necesita y las terminen en tiempo y forma, sin malversar dineros públicos.

Sin embargo, el descontrol de más de una década hizo mella en quienes se beneficiaron con el dinero del Estado y hoy se resisten a ser controlados.

Por cuarto día consecutivo, la Plaza Belgrano se encuentra inundada de carpas con gente que, dirigida por dirigentes sociales, presiona para que sus referentes sean recibidos por el Gobernador Gerardo Morales, abriendo una mesa de diálogo.

Morales entiende que las medidas anunciadas son lo suficientemente claras y la gente debe aceptarlas y cumplirlas. Por otro lado, muchos de quienes piden reunirse con el Gobernador utilizaron millonarios recursos durante la última década y hoy tienen problemas con la Justicia.

Reconocer legitimidad en esos dirigentes sería ceder ante la presión de quienes vivieron todo este tiempo al margen de la ley, según la forma en que ve las cosas el actual Gobierno. Mientras tanto, ellos resisten. En el medio, la sociedad cansada de 15 años de violencia y protestas sociales desmesuradas, exige volver a la normalidad.